Desde los noventas más de una decena de Constituciones en Latinoamérica han previsto como derechos protegidos, en muchos caso con el rango de derechos fundamentales, a la información personal. Poco a poco se han venido desarrollando leyes sectoriales sobre el tema. Por ejemplo, en Colombia la ley 1266 de 2008 regula la protección de datos en el marco de información comercial y crediticia en particular en relación con las Centrales de Riesgo Crediticio. Esta ley ha generado cierto activismo de los ciudadanos que se ha traducido en más de 80 sanciones a distintas empresas incluso llegando a multarse a conocidos operadores de telefonía móvil. En la mayoria de casos, la Superintendencia de Industria y Comercio (autoridad de protección de datos) reprocha la falta de veracidad e idoneidad en la información.

Posteriormente, el gobierno colombiano en el 2010 presentó una ley de alcance mucho más general inspirada en la Directiva Europea de 1995 y en la ley española de 1999. Esta ley fue aprobada por el Congreso y actualmente se encuentra en revisión constitucional. Probablemente entrará en vigor en el segundo semestre de este año. La ley incluye además de una serie de principios inspirados en la Declaración de Madrid, un catálogo de derechos y deberes a los que están obligados los titulares de derechos, los responsables y encargados del tratamiento de datos personales. Además incluye reglas sobre datos sensibles y la protección de niños y menores. El abanico de sanciones incluyendo el cierre de establecimientos de comercio y la visión internacional del tema hacen parte de la nueva regulación.

Mientras tanto se aprecia que IFAI en México y la nueva ley de protección de datos también entrará en pleno vigor desde el 2012 y que Perú también acaba de aprobar en el Congreso su propia ley de protección de Datos personales. En Argentina existe de tiempo atrás un régimen que garantizó al país del sur el otorgamiento de un Nivel Adecuado de Protección por parte de la Unión Europea y ha permitido un importante flujo de negocios e inversión extranjera relacionada con los centros de procesamiento de información (Contact center, BPO y similares)

Es un reto para Latinoamérica, entonces, lograr convertir un tema tradicional del derecho constitucional en la última década en un derecho mucho más activo tanto respecto de los ciudadanos, protagonistas y titulares de derechos, como de las empresas que tienen nuevas obligaciones de cumplimiento pero también un potencial de negocios. No olviden que la información es la materia prima de la sociedad de la información.