El mecanismo ordinario de Obras por Impuestos, permite a grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta financiar proyectos en Zonas Más Afectada Por el Conflicto Armadado-ZOMAC o Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET. Sin embargo, su operación implica procesos de validación, registro, fiducia y aprobación que pueden tomar meses. El Decreto crea una vía paralela de emergencia con tres cambios estructurales: (i) amplía el universo de contribuyentes elegibles más allá de las categorías ordinarias; (ii) simplifica y acelera los trámites de aprobación, estructuración y ejecución; y (iii) extiende el mecanismo a proyectos directamente vinculados con la reconstrucción en los territorios declarados, sin exigir que coincidan con las zonas ZOMAC o PDET tradicionales. Los proyectos ‘financiados mediante la modalidad especial podrán comprender inversiones directamente relacionadas con la atención, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reposición, reforzamiento o mejoramiento de infraestructura y bienes directamente afectados, en los siguientes sectores y líneas: Vivienda de interés social y de interés prioritario; Educación pública e infraestructura educativa pública; Salud pública e infraestructura de salud pública; Agua potable y saneamiento básico; Energía y servicios públicos asociados a la recuperación; Infraestructura vial, puentes, aeropuertos, transporte y conectividad; Tecnologías de la información y las comunicaciones y demás infraestructura necesaria para restablecer servicios esenciales; Bienes públicos rurales e infraestructura productiva Infraestructura Deportiva; Gestión de Riesgo de Desastres. El Decreto abre una ventana de oportunidad concreta para que empresas con obligaciones tributarias en renta conviertan una carga fiscal en inversión territorial con impacto directo, visibilidad corporativa y cumplimiento de compromisos ambientales, sociales y de gobernanza, todo bajo un régimen de emergencia más ágil que el ordinario. Sin embargo, estructurar correctamente el mecanismo exige dominio simultáneo del derecho tributario, el derecho contractual público, la normativa de contratación y fiducia, y las particularidades del régimen de emergencia. Un error en la estructuración puede resultar en el desconocimiento del beneficio tributario, responsabilidad contractual o incumplimiento normativo. Nuestro equipo puede acompañarle en la evaluación de viabilidad, estructuración del proyecto, negociación con entidades públicas y gestión del riesgo tributario y contractual asociado
