La constitución de 1991. Balance de dos décadas

Por Daniel Peña

Hace veinte años Colombia era otro país. Habían muerto por las balas de sicarios varios candidatos presidenciales y las bombas del narcotráfico nos aterrorizaban. La lucha de poder entre las instituciones y las mafias giraban en torno a la extradición o no a los Estados Unidos de los líderes de los carteles.

Colombia como hoy tenía grandes retos: apaciguar la violencia, mejorar los niveles de desarrollo, profesionalizar y optimizar los comportamientos éticos de los servidores públicos (y de los propiciadores de la corrupción en el sector privado), construir unas instituciones sólidas para canalizar el balance de las ramas del poder público, fomentar la protección de los derechos humanos y construir un estado social y democrático de derecho.

A pesar de las múltiples reformas durante el siglo XX, la Constitución de 1886 era percibida como un texto conservador, pétreo, poco dúctil para fines más democráticos. Confluyeron fuerzas: estudiantes (nuestra generación) con el movimiento de la séptima papeleta para des entrabar las opciones de reforma, el movimiento y fuerzas sociales, los gobiernos liberales de los Presidentes Barco y Gaviria, el ánimo de firmar la paz con el movimiento guerrillero M-19 e incluso algunos han afirmado que el deseo de las mafias de consagrar a escala constitucional la prohibición de la constitución. La historia dirá la última palabra.

En ese entorno se eligió y empezó a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente, en febrero de 1991.

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