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Boletín No. 45 del 28 y 29 de octubre de 2020 de la Sala Plena de la Corte Constitucional (Sentencia C-466/20 de octubre 29 de 2020 M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

La Corte Constitucional resolvió declarar inexequible el artículo 294 de la Ley 685 de 2001, mediante el cual se dispuso que las diferencias de carácter técnico que surjan entre la autoridad concedente y los concesionarios, serán sometidas para su resolución al arbitramento técnico previsto en las leyes.

La Corte concluyó que existe una jurisprudencia pacífica, reiterada y consistente sobre el alcance del principio de voluntariedad o libre habilitación de la justicia arbitral.

En concordancia con la jurisprudencia constitucional, estas obligaciones vulneran el artículo 116 de la Constitución por dos razones. En primer lugar, desconocen que la habilitación de los árbitros solo puede fundarse en la decisión libre de las partes de sustraer sus disputas a la justicia estatal y someterlas al conocimiento y decisión de particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. Y, además, desplazan a la Rama Judicial de forma indefinida y en todos los casos en que existan divergencias técnicas entre la entidad concedente y el concesionario, de manera que convierten al arbitramento en una justicia permanente para juzgar estas causas. Esta última circunstancia contradice el precepto estatuido en el inciso primero del artículo 116 superior, a cuyo tenor, por regla general, los conflictos deben ser resueltos por los jueces de la República y, solo de forma excepcional, por particulares.

De otro lado, la Sala advirtió que, en la Sentencia C-330 de 2012, sostuvo que cuando el propósito de un tribunal de arbitramento obligatorio consista en proteger los intereses económicos de alguna de las partes de un contrato de concesión, debe prevalecer el principio de voluntariedad de la justicia arbitral.

(Pendiente de publicación de la sentencia final)