El servicio público de empleo en el sector petrolero y la tensión con las cuotas de empleo de las comunidades
Por Peña Mancero Abogados y Camila Castiblanco
Mediante la Ley 1636 de 2013 se creó el Sistema de Mecanismo de Protección al Cesante en Colombia, el cual tuvo como objetivo principal la articulación y la creación de un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos negativos del desempleo. Su propósito es la reinserción de la población desempleada al mercado laboral, para lo cual se crea el Servicio Público de Empleo, como componente de este mecanismo y herramienta eficiente y eficaz de la búsqueda de empleo.
Sin embargo, estas normas no han sido de fácil aplicación en todo el territorio colombiano, ni en todas las industrias económicas, pues existen algunas, como lo es la del sector de los hidrocarburos, en donde en los campos petroleros, legalmente es necesario que la mano de obra no calificada sea del Municipio del área de influencia mientras que la mano de obra calificada el 30% debe ser de esta misma área. No obstante lo anterior, en la práctica prima la existencia de acuerdos entre las comunidades aledañas al sector del proyecto petrolero y la operadora con el propósito de brindarle oportunidades laborales a los integrantes de su comunidad, razón por la cual las normas del Servicio Público de Empleo han sido de difícil incorporación en este ámbito.
Para poder cumplir con el anterior objetivo del Servicio Público de Empleo el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013 consagró la obligación de todos los empleadores a nivel nacional de realizar el registro de sus vacantes en el Servicio Público de Empleo, sin embargo, esta norma no reglamentó la manera en como los empleadores debían realizar este registro.
Fue con el Decreto 2852 de 2013 que el Gobierno Nacional, reglamentó la materia, creando el Registro Único de Empleadores, en el cual cada uno de los empleadores debía registrarse ante cualquiera de los prestadores autorizados por el Servicio Público de Empleo, siendo necesario que registraran la vacante dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la existencia de la misma.
Así pues, con estas dos (2) normas se crea de manera general el Servicio Público de Empleo, el cual tiene como objetivo principal, como se mencionó anteriormente, brindar una mayor oferta de empleo a nivel nacional y garantizar la transparencia en la selección de personal.
Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en cuenta el impacto económico, social y cultural de la actividad petrolera en Colombia, el Decreto 2089 de 2014 adopta medidas especiales para la vinculación de mano de obra local a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, para el efecto, señala que la totalidad de la mano de obra no calificada deberá en principio ser residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto. Mientras que, la mano de obra calificada (personal con formación técnica, tecnológica o profesional) el treinta por ciento (30%) deberá ser residente del municipio en el que se encuentre el proyecto.
Para lograr acreditar la residencia de una personal, la Ley 1551 de 2012, estableció que es competencia de los Alcaldes expedir el respectivo certificado de residencia con base en los registros electorales o del Sisben, así como los registros de afiliados de las juntas de acción comunal. Sin embargo, este punto es de crucial importancia en el Servicio Público de Empleo en el sector de Hidrocarburos, pues existe un vacío regulatorio a nivel Municipal y Departamental respecto de las calidades que debe contar un certificado de residencia y la vigencia del mismo, razón por la cual varios aspirantes de las vacantes pueden presentar distintos formatos de certificados de residencia, lo cual implica una labor compleja para verificar la idoneidad del certificado, pues se ha logrado evidenciar que con el propósito de ingresar a laborar en el sector de los hidrocarburos, con gran frecuencia los aspirantes tienden a falsificar estos documentos, aprovechando la falta de regulación en la estandarización de los certificados de residencia.
Con el propósito de evitar este tipo de fraudes y en consecuencia posibles multas producto de auditorías de las entidades administrativas, los oferentes de la vacante, para verificar la residencia de un trabajador consultan el puesto de votación del mismo en la página de la registraduría nacional, no obstante, esta práctica no podría ser considerada como legal, al contrario podría llegarse a considerar violatoria de los derechos constitucionales de aquellos aspirantes cuyo certificado de residencia es genuino y que por razones externas su puesto de votación no registre en el Municipio del proyecto.
Lo anterior se encuentra recopilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015), en donde en la sección segunda, se regula de manera específica la priorización de la mano de obra local, en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, en donde de manera específica se señala que la totalidad de la mano de obra no calificada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, en principio deben ser todos del área de influencia (entendida esta como el municipio o municipios donde se desarrolle el proyecto de exploración y producción de hidrocarburos) del proyecto de explotación y producción de hidrocarburos, mientras que por lo menos el treinta por ciento (30%) de la mano de obra calificada contratada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, será residente en el área de influencia.
Así pues, con el propósito de realizar la priorización de la mano de obra local la oferta de vacantes debe realizarse con un orden de priorización, el cual, en efecto en primer lugar debe realizarse en el municipio o municipios del área de influencia, los municipios que limitan con este, departamentos del área de influencia y por último en el área nacional, para pasar cada nivel, resulta necesario que los prestadores de las agencias públicas de empleo certifiquen que efectivamente no existe oferentes que cumplan con el perfil.
A la luz de la sección 2 del Decreto 1072 de 2017, en conclusión, en el sector de Hidrocarburos, empleadores deben cumplir con las siguientes obligaciones en relación con el Servicio Público de Empleo: i) registro de la vacante ante las agencias de empleo autorizadas; ii) se debe reportar a la agencia las razones por las cuales no se contrató a los oferentes remitidos; iii) en los contratos comerciales que la operadora realice con sus contratistas se deben incluir cláusulas tendientes a cumplir con el Servicio Público de Empleo.
Una vez se ha surtido todo el proceso de registro de la vacante en las agencias autorizadas, la remisión de las hojas de vida por parte de éstas a los empleadores oferentes y la verificación de la residencia, para el empleador existe una obligación adicional, la cual se encuentra contenida en la Resolución 2616 de 2016, en donde se adopta la estandarización ocupacional para actividades de exploración y producción de hidrocarburos, es así, como para cada cargo, debe verificarse que el aspirante cumpla tanto con los requisitos académicos como profesionales establecidos en esta normatividad.
Resulta de tal importancia este tema en el sector de los Hidrocarburos que actualmente el Ministerio del Trabajo expidió un proyecto de Resolución, en virtud de la cual le otorga facultades específicas a las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones del Ministerio de Trabajo, para verificar que efectivamente las empresas del sector de los hidrocarburos estén cumpliendo la priorización de mano de obra local, señalando como única excepción del incumplimiento de estos porcentajes de contratación de mano de obra por parte del empleador, el hecho de que los prestadores del Servicio Público de Empleo (Agencias constituidas por Cajas de Compensación Familiar y Agencias Pública de Empleo) certifiquen la inexistencia de oferentes que cumplan con el perfil requerido. Con lo anterior, se eliminaría la posibilidad de las empresas de determinar que ninguno de los oferentes cumple con las condiciones técnicas de los cargos, pues únicamente se le otorga esta facultad a las agencias de empleo.
Igualmente, el proyecto de Resolución establece la obligación a la Unidad Administrativa Especial del Servicio de entregarle a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo reportes semestrales referentes a la gestión de vacantes respecto de cada empleador y realizará alertas de incumplimiento de los porcentajes de priorización, con independencia de la facultad de las entidades administrativas laborales de requerir a cualquier empleador para evidenciar el cumplimiento de la priorización de mano de obra local, con lo cual.
Si bien el Servicio Público de Empleo, cuenta con unas estructuras normativas sólidas, en la práctica de los campos petroleros resulta bastante difícil su aplicación, en la medida que tradicionalmente, las comunidades aledañas a los proyectos de explotación tienen acuerdos con las operadoras de brindarle empleo a los miembros de sus comunidades de manera rotativa, esto es, se pactan periodos de tiempo en donde un grupo de personas de la comunidad contará con un contrato laboral a término fijo o por obra o labor con la petrolera, y así sucesivamente con todos los miembros de la comunidad.
No obstante, la rotación laboral de las comunidades no obedece a criterios de tiempo y equidad, pues los líderes de las comunidades tasan determinados porcentajes del total de la remuneración recibida por el trabajador por permitirle ingresar en la lista de las personas a contratar por parte de la operadora.
En la medida que el Servicio Público de Empleo, busca brindarle igualdad de oportunidades a todos los miembros del municipio (cuando se trata de mano de obra no calificada) se genera un choque entre este nuevo sistema y el sistema tradicional de las comunidades, pues si bien en principio todas las personas residentes de un Municipio de un proyecto petrolero pueden ser aspirantes para una vacante, en la comunidad ya se encuentran previamente establecidos las listas rotativas de trabajo de sus integrantes para acceder a estas vacantes laborales.
Lo anterior ha generado de manera reiterada en los campos petroleros tales como Caño Limón – Coveñas, Tauramena, El Morro, entre otros, bloqueos por parte de las comunidades por la negativa de la operadora a contratar personal de su comunidad, ocasionando suspensiones de líneas productivas por un término amplio lo cual genera una afectación negativa de la producción petrolera. Por otro lado, como consecuencia de estos bloqueos, frente los trabajadores de las empresas contratistas de la operadora se genera una contingencia laboral, en la medida que al no poder desplazarse hasta el campo, los contratistas se ven obligados a suspender los contratos de trabajo con sus trabajadores y en efecto, éstos no reciben la remuneración durante el periodo de suspensión.
El problema resulta de tal magnitud, que la operadora cuando se presentan estas situaciones debe reunirse con la comunidad (como si se tratara de un sindicato) con el propósito de llegar a acuerdos frente la contratación del personal lo cual implica de entrada que estos acuerdos son violatorios a las normas integrantes del Servicio Público de Empleo, sin embargo, dada la necesidad del servicio de la operación petrolera, deben llegarse a estos acuerdos con el propósito de no frenar la operación, aunque resulten violatorias a normas laborales de orden público.
Digital Expression and Judicial Sovereignty: Colombian Constitutional Standards in the Esperanza Gómez Case
By Daniel Peña Valenzuela, Partner at Peña Mancero Abogados
1. Introduction: A Constitutional Milestone in the Digital Age
On September 12, 2025, the Colombian Constitutional Court issued a landmark ruling that redefined the boundaries of digital governance and reaffirmed the enforceability of constitutional rights in cyberspace. The case, brought by actress and digital influencer Esperanza Gómez, challenged the arbitrary closure of her Instagram account by Meta Platforms Inc. In reinstating her digital presence, the Court not only protected her individual rights but also established a constitutional framework for platform accountability, judicial oversight, and the defense of freedom of expression in stigmatized industries.
2. Background: Global Norms vs. National Guarantees
Gómez’s tutela action exposed the growing tension between global content moderation policies and national constitutional protections. Her legal team argued that Meta’s decision violated her rights to freedom of expression, equality, due process, and work. The Court agreed, concluding that the account closure was discriminatory and procedurally deficient.
This ruling builds on a series of precedents that have shaped the Court’s doctrine on digital rights. In Judgment T-155 of 2019, the Court addressed the balance between freedom of expression and the right to honor in social media contexts, emphasizing that digital speech enjoys constitutional protection and must be restricted only under strict proportionality. In T-124 of 2021, the Court examined religious expression by public officials on digital platforms, reaffirming the principle of state secularism and the need to ensure neutrality in online discourse. More recently, T-061 of 2024 tackled the issue of transphobic content moderation, holding that platforms must avoid discriminatory enforcement and ensure that vulnerable communities are not disproportionately silenced.
Together, these rulings reflect an evolving doctrine: digital platforms, while privately owned, function as quasi-public forums and must respect constitutional norms.
3. Doctrinal Contributions: Defining the Limits of Platform Power
Justice Natalia Ángel Cabo’s majority opinion introduced several foundational principles that now guide the constitutional regulation of digital spaces:
First, the Court affirmed that platforms may exercise content moderation, but this power must be exercised within constitutional boundaries. The mere invocation of “community standards” does not justify the suppression of constitutionally protected speech, especially when enforcement is arbitrary or discriminatory.
Second, the Court reaffirmed the jurisdiction of Colombian judges over digital rights violations, even when committed by foreign corporations. This principle of judicial sovereignty ensures that constitutional protections are not rendered ineffective by the transnational nature of digital platforms.
Third, the Court declared that discriminatory enforcement of moderation policies—particularly against stigmatized professions such as adult entertainment—is unconstitutional. The decision emphasized that freedom of expression must be protected regardless of the speaker’s identity or occupation.
Finally, the Court extended the principle of due process to digital environments. Users must be afforded clear procedures for notification, appeal, and judicial review when their accounts or content are restricted.
4. Structural Orders: Institutional Accountability and Reform
Beyond individual redress, the Court issued structural orders aimed at reforming Meta’s operations in Colombia. These include:
- Translating all platform policies and guidelines into Spanish to ensure accessibility and transparency.
- Establishing a judicial channel for receiving and complying with court orders.
- Revising moderation policies to eliminate discriminatory language and practices.
- Creating transparent appeal mechanisms subject to judicial oversight.
- Publishing the ruling in Meta’s Transparency Center to ensure public awareness.
- Requesting an advisory opinion from Meta’s Oversight Board to evaluate the broader implications of the case.
These measures reflect a shift toward proactive judicial engagement with digital governance, positioning constitutional courts as key actors in regulating platform behavior and defending fundamental rights.
5. Broader Implications: Constitutional Law in a Transnational Digital Ecosystem
The Gómez ruling raises critical questions for legal systems worldwide. How can national courts prevent global community standards from becoming tools of censorship? What safeguards are needed to protect users in stigmatized industries from arbitrary moderation? How should constitutional law evolve to address the transnational nature of digital platforms?
The Court’s response is clear: by asserting judicial sovereignty, demanding transparency, and defending substantive equality, constitutional courts can shape a more just and accountable digital ecosystem. The decision challenges the notion that digital platforms operate in a legal vacuum and affirms that constitutional protections extend into the digital realm.
6. Conclusion: Toward a Jurisprudence of Digital Rights
The Constitutional Court’s decision in favor of Esperanza Gómez marks a turning point in Latin American digital rights jurisprudence. It affirms that constitutional protections do not end at the edge of the internet and that platform governance must be subject to public law principles. As digital spaces continue to evolve, this ruling provides a foundational model for defending rights, regulating moderation, and ensuring that online expression remains free, fair, and constitutionally protected.
Newsletter february 2025
Superior Tribunal of Medellín – Civil Chamber – Judgment on Interruption of the Statute of Limitations for Contractual Liability Actions
By means of a judgment dated July 16, 2024, the Civil Chamber of the Superior Tribunal of Medellín ruled that the statute of limitations for an action derived from a transportation contract is two (2) years and may be suspended by the filing of a request for extrajudicial conciliation, thereby extending the period until its conclusion.
The plaintiff sought to hold the defendants contractually, extra-contractually, and jointly liable for the damages suffered as a passenger in a traffic accident involving the vehicle. In response, the defendants raised the defense of extinctive prescription, arguing that the lawsuit was filed more than two (2) years after the transportation obligation should have concluded (August 17, 2016).
Article 993 of the Commercial Code provides that “Direct or indirect actions arising from a transportation contract are subject to a statute of limitations of two years. The limitation period shall begin to run from the day on which the transportation obligation has concluded or should have concluded. This term cannot be modified by the parties.”
The plaintiff contended that the filing of the request for a conciliation hearing, considering the suspension period agreed upon by the parties, effectively interrupted the statute of limitations set forth in Article 993 of the Commercial Code.
The judge concluded that, although Article 993 of the Commercial Code establishes a two (2) year limitation period, which would have run from August 17, 2016, to August 17, 2018, the plaintiff’s request for a conciliation hearing on August 17, 2018, in conjunction with Article 21 of Law 640 of 2001, led to the suspension of the statute of limitations on the last day available to initiate the action. Consequently, an additional three (3) months, corresponding to the conciliation hearing period, must be added.
Furthermore, the judge explained that the suspension of the limitation period includes any extensions to the conciliation hearing agreed upon by both parties, as (i) they were mutually agreed upon, and (ii) the request was filed before the expiration of the initial three-month period within which the hearing should have taken place, extending until November 17, 2018. Therefore, the judge did not uphold the defense of extinctive prescription.
Decree 34 of 2025 – Amendment to Decree 2555 of 2010 Regarding Crowdfunding Activities
In line with productive transformation strategies, it is essential to strengthen access to financing, particularly to facilitate the growth of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), promote the adoption of advanced technologies, diversify financing alternatives for working capital, strengthen the integration of production chains, and develop workforce capabilities.
Among alternative financing mechanisms, crowdfunding platforms stand out for their ability to finance productive projects. Accordingly, it was deemed appropriate to modify their regulatory framework to expand access to financing across various economic sectors.
Key modifications include:
- The inclusion of individuals with productive projects as eligible crowdfunding recipients.
- Authorization for entities engaged in crowdfunding to develop new services that facilitate compliance with formal requirements by potential recipients.
- Strengthening information mechanisms for contributors.
- Allowing collective investment vehicles to participate in crowdfunding activities.
Key provisions of the Decree include:
- Individuals may receive crowdfunding for their productive projects through a newly created specific modality: “Crowdfunding through debt-representative securities issued by individuals.”
- As an investor protection measure, a maximum amount of 14,245.27 Basic Value Units (UVB), equivalent to COP 164,561,359.04, is set for this modality. Additionally, recipients who obtain financing under this modality may only have one funded project at a time.
- Crowdfunding entities may offer new services, including: (i) Collection and advertising services; (ii) Administration of transaction record-keeping systems for crowdfunding securities; (iii) Technical support services to potential recipients in structuring productive projects, among others.
- Crowdfunding entities must adopt a classification procedure for productive projects based on an objective analysis of the information provided by the recipients. Objective variables such as income, assets, and credit history must be available on a publicly accessible section of the crowdfunding entity’s website.
- Autonomous trusts, collective investment funds, and private equity funds may participate as contributors and recipients in crowdfunding projects.
Resolution No. 000004 of 2025 – DIAN – Prescription of Form 115 for Income Tax and Supplementary Returns for Taxpayers with Significant Economic Presence (PES) in Colombia
Pursuant to Article 20-3 of the Tax Statute, non-resident individuals or entities without a domicile in Colombia but with significant economic presence (PES) in the country are subject to income tax and supplementary obligations on income derived from the sale of goods and/or the provision of services to customers and/or users located in Colombian territory.
Those meeting the criteria set forth in this article must choose between: (i) Filing and paying income tax and supplementary obligations through the prescribed form, or(ii) Paying the tax through withholding at the source under the income tax and supplementary obligations regime for significant economic presence (PES) in Colombia.
Accordingly, this resolution prescribes the form for taxpayers opting to file an income tax return. These taxpayers must register in the Single Tax Registry (RUT) under responsibility code 65. The return must be filed through electronic services using an Electronic Signature (FE) authorized by the Special Administrative Unit of the National Tax and Customs Directorate (DIAN).
Superior Tribunal of Bogotá – Civil Decision Chamber – Judgment on Financial Habeas Data
The plaintiff sought a declaration of the existence of a basic public switched telephone service (TPBC) contract entered into with the defendant, which was in force from March 14, 2007, until April 27, 2009. The plaintiff alleged that the defendant company abused its dominant position by imposing charges exceeding the agreed fixed rate and reporting her as a delinquent debtor to credit bureaus Datacrédito and Cifin from April 2008 to May 8, 2009. Consequently, the plaintiff sought damages for both pecuniary and non-pecuniary harm.
The judge first determined that, although the plaintiff invoked the regime of extra-contractual liability, based on the facts of the case, the rules of contractual liability were applicable. The Supreme Court of Justice, Civil Cassation Chamber (SC-3653-2019), has clarified that liability in financial habeas data cases arises from the collection, processing, and dissemination of debtor information within the contractual relationship—in this case, a telecommunications service contract. Specifically, the claim was based on the improper use of the debtor’s authorization granted to the company, requiring truthful, accurate, and diligent reporting to credit bureaus. The erroneous reports were attributable to the defendant’s billing mistakes, rather than the plaintiff’s non-compliance with obligations.
In accordance with ruling SC10297 of 2014 from the Supreme Court of Justice, Civil Cassation Chamber, the judge recognized damage to María Judith Castillo Hernández’s reputation as an independent and distinct harm, acknowledged by case law since that year. Since this type of damage was not foreseeable when the plaintiff filed the claim (October 3, 2011), the court ruled that the claim could be redirected to specifically address this reputational harm. The court awarded damages of COP 15,000,000 based on judicial discretion (arbitrium judicis).
Labor Reform Approved in Second Debate in the House of Representatives
The House of Representatives approved the labor reform bill presented by the National Government with 93 votes in favor and 13 against. The approved bill contains 81 articles, including provisions for increasing remuneration on mandatory rest days from 75% to 100%, to be phased in by 2027; formalizing employment for community mothers; establishing employment contracts for SENA students; and providing paid leave for medical appointments, school commitments, union commissions, or domestic emergencies, and extending paternity leave to up to 4 weeks.
Articles removed include parental leave for same sex adopting couples, increased compensation for dismissal without just cause, and the agricultural contract.
Eight articles were added addressing formalization and employment for cargo and passenger transportation workers, programs for first and last employment, promotion of sustainable work, flexible work environments, among others.
The bill will now proceed to the Seventh Senate Committee for the final two debates.
Resolution No. 532 of 2024 UGPP: Establishing a Cost Assumption Scheme for Self-employed Workers and Those Who Enter Contracts
Recently, the Special Administrative Unit of Pension Management and Social Security Contributions (“UGPP” by its initials in Spanish) issued Resolution 532 of 2024, establishing a cost assumption scheme for self-employed workers and those who enter contracts other than personal service provision contracts, involving subcontracting and/or the purchase of supplies or expenses, based on the economic activities listed in the International Standard Industrial Classification (CIIU). This scheme also applies to cases where the economic activity is public motor freight transport by road, as a method to establish the base contribution income (IBC).
To apply the presumed cost coefficient, the obligated party must refer to the section of economic activities generating their monthly gross income during the period they received it and apply the corresponding cost percentage.
If the income comes from multiple economic activities, the corresponding cost percentage for each activity must be applied.
Specifically, for the public motor freight transport sector by road, a general cost presumption scheme was defined for self-employed workers and for employers who have verified social security contributions for the drivers they have employed. They can deduct the cost percentage established in the resolution, based on the range of gross income and the number of drivers.
As an exception, a different cost percentage can be set, provided supporting documents are available and requirements established in Article 107 of the Tax Code are met without exceeding the values included in the income tax return.
This resolution will apply from November 1, 2024.
Ministry of Labor Proposes Regulations for Reporting Major Incidents or Accidents in Classified Facilities
The Ministry of Labor has published a draft resolution to regulate procedures for reporting major incidents and accidents in classified facilities, aligning with international industrial safety standards to promote a safer and more responsible work environment.
The draft specifies that the person responsible for the facility must report any major incident or accident within two hours of occurrence, using the Ministry’s designated digital tool.
The resolution also defines criteria for classifying an event as a major incident, including severe injuries, fatalities, property damage, and significant chemical containment losses.
The responsible party must expand the report as the emergency response concludes and calculate annual process safety metrics, reporting them through the same digital tool.
New rules on paternity leave introduced in Colombia
Author: Daniel Salazar López
The Colombian Congress has passed Act 2141 (August 10, 2021) whereby a further protection has been granted to parents. Act 2141 incorporates several new provisions on labor matters and, in particular, on maternity and paternity privileges. The following are the most important aspects of the new law:
- Maternity leave was extended from three (3) months to eighteen (18) weeks after childbirth.
- Unless an authorization is obtained from the Labor Inspector, or the Municipal Mayor in the corresponding case, the dismissal of a worker, whose spouse, partner or permanent partner is pregnant or within eighteen (18) weeks after childbirth and is not formally employed, is prohibited. If dismissal occurs, the dismissed employee shall be entitled to the additional payment of an indemnity equivalent to sixty (60) days of salary.
- In addition, the indemnities and benefits that correspond by virtue of the employment contract shall be recognized.
- Paternity leave is not extended to the worker when his/her spouse, partner or permanent partner is in stable employment.
- Maternity leave is also extended to the parents in the same proportion during the 18 weeks following childbirth.
- The worker must notify the employer, verbally or in writing, of the pregnancy status of his/her spouse, partner or permanent partner and declare under oath that he/she does not have a stable job or that he/she is not a beneficiary of the Social Security Health System. Within the notification, the worker must present the necessary examinations and for this purpose she will have a term of up to one (1) month to prove the pregnancy status.
This new legislation is intended to protect the constitutional right to equality between men and women in the work environment and in harmony with the family environment.
Two decades of the electronic commerce law in Colombia
CAUSE FOR DISOLUTION OF COMPANIES DUE TO NON-COMPLIANCE WITH THE HYPOTHESIS OF CONTINUING BUSINESS
