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Sentencia T-214 de 01 de julio de 2020. Corte Constitucional

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han enfatizado en la necesidad de que los jueces aligeren o dinamicen la carga probatoria en casos en los que se discute la reparación integral a las víctimas de los daños materiales causados en forma antijurídica por el Estado, en tratándose de graves violaciones a los derechos humanos. De las sub-reglas jurisprudenciales proferidas por esta corporación anteriormente analizadas se puede concluir que, en materia de procesos que involucran graves violaciones de derechos humanos, el juez debe, entre otros:

  • Flexibilizar los estándares probatorios;
  • Reconocer la preponderancia de la prueba indiciaria;
  • Hacer uso de las inferencias judiciales razonables;
  • Aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en el proceso de reparación directa;
  • Eventualmente exigirle al Estado que demuestre que no cometió una ejecución extrajudicial; y
  • Hacer uso de las pruebas aportadas a los procesos penales y disciplinarios correspondientes.