TMT Tecnología, Media y Telecomunicaciones
Ofrecemos un amplio portafolio de servicios en el área de tecnologías de la información, a partir del amplio conocimiento y la experiencia de nuestro equipo en la materia. Entre los servicios legales que ofrece la firma en esta área se encuentran:
- Protección de nombres de dominio y signos distintivos en internet.
- Revisión y redacción de contratos informáticos, implantación e integración de software. Licenciamiento de software
- Revisión de contratos de internet, acceso a diseño, desarrollo de sitios, hosting (alojamiento de páginas)
- Revisión legal de esquemas de comercio electrónico, mercadeo digital y pago electrónico
- Validez y eficacia probatoria de los mensajes de datos.
- Seguridad de los sistemas de información
- Protección de privacidad en el entorno digital
- Contratos de telecomunicaciones e interconexión. Títulos habilitantes
La firma digital poscuántica y la reforma de la ley 527 de 1999 en Colombia
Por Daniel Peña Valenzuela
Introducción
La Ley 527 de 1999 representó un hito en la regulación del comercio electrónico en Colombia, al reconocer la firma digital como un mecanismo jurídico equivalente a la firma manuscrita. Este reconocimiento ha permitido consolidar la confianza en las transacciones electrónicas y otorgó seguridad probatoria a los documentos digitales.
El advenimiento de la computación cuántica plantea un desafío sin precedentes: los algoritmos criptográficos que sustentan la firma digital, como RSA y ECC, podrían ser vulnerables frente a la capacidad de procesamiento de los ordenadores cuánticos. En este contexto, surge la necesidad de repensar la categoría legal de la firma digital y proyectar reformas normativas que aseguren su vigencia en un entorno poscuántico.
1. La firma digital en la Ley 527 de 1999
La Ley 527 de 1999 establece que la firma digital es un mecanismo de autenticación basado en criptografía de clave pública, garantizando la integridad y autenticidad de los documentos electrónicos. El principio de neutralidad tecnológica consagrado en estas normas permite que cualquier método confiable pueda ser considerado firma digital, siempre que cumpla con los estándares de seguridad y equivalencia funcional. No obstante, este principio debe ser reinterpretado a la luz de los riesgos cuánticos, pues la validez jurídica depende de la robustez técnica de los algoritmos utilizados.
2. Amenaza cuántica a la firma digital
Los avances en computación cuántica, particularmente el algoritmo de Shor, permiten factorizar números grandes y resolver problemas de logaritmos discretos en tiempo polinómico, lo que compromete directamente la seguridad de RSA y ECC. Asimismo, el algoritmo de Grover reduce la complejidad de ataques de fuerza bruta en sistemas simétricos.
Estos desarrollos implican que las firmas digitales actuales podrían ser vulnerables en un horizonte cercano, debilitando su valor probatorio en procesos judiciales y contractuales. La categoría legal de la firma digital enfrenta, por tanto, un riesgo de obsolescencia si no se adapta a la nueva realidad tecnológica.
3. Elementos técnicos verificables
La transición hacia un entorno poscuántico exige la incorporación de algoritmos resistentes a ataques cuánticos. El NIST (National Institute of Standards and Technology) ha seleccionado en 2022-2024 algoritmos como CRYSTALS-Kyber para cifrado y CRYSTALS-Dilithium para firmas digitales, que ofrecen seguridad frente a ataques cuánticos. De igual manera, la ISO/IEC JTC 1 trabaja en estándares internacionales de criptografía poscuántica aplicables a la firma digital. Estos desarrollos técnicos verificables constituyen la base sobre la cual debe reformarse la legislación colombiana, garantizando que la firma digital mantenga su equivalencia funcional y su fuerza probatoria.
4. Necesidad de reforma a la Ley 527
La reforma de la Ley 527 debe incorporar explícitamente el reconocimiento normativo de algoritmos poscuánticos como válidos para la firma digital. Además, debe establecer mecanismos de interoperabilidad internacional con los estándares definidos por el NIST y la ISO, asegurando que las firmas digitales colombianas sean aceptadas en transacciones transfronterizas. Es necesario introducir el principio de resiliencia tecnológica, que garantice la adaptación continua de la firma digital frente a innovaciones disruptivas. Finalmente, la reforma debe reforzar la garantía probatoria, asegurando que las firmas digitales poscuánticas mantengan su equivalencia funcional con la manuscrita en procesos judiciales y arbitrales.
5. Comparación internacional
En la Unión Europea, el Reglamento eIDAS 2.0 discute la incorporación de mecanismos de autenticación resistentes a la computación cuántica, anticipando la transición hacia un entorno poscuántico. En Estados Unidos, el NIST lidera la estandarización de algoritmos poscuánticos, con impacto directo en la validez de firmas digitales en contratos y procesos judiciales. En contraste, países latinoamericanos como Colombia y México aún no han incorporado referencias explícitas a la amenaza cuántica en sus marcos normativos, lo que genera un vacío regulatorio y una oportunidad para liderar la región en la adaptación normativa.
Conclusiones
La firma digital, como categoría legal, enfrenta un desafío estructural frente a la computación cuántica. La reforma de la Ley 527 de 1999 es indispensable para reconocer la firma digital poscuántica como evolución normativa, adoptar estándares internacionales de criptografía resistente y garantizar la continuidad de la equivalencia funcional entre firma digital y manuscrita. El futuro poscuántico no elimina la firma digital, sino que exige su transformación jurídica y técnica. Colombia debe anticiparse a esta transición para mantener la seguridad jurídica en el comercio electrónico y en la justicia digital, convirtiendo la amenaza cuántica en una oportunidad para fortalecer la confianza en las transacciones electrónicas y consolidar su liderazgo regional en regulación tecnológica.
Gamificación del Trading y Protección del Consumidor Colombiano frente al Uso de Plataformas Extranjeras
Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
Introducción
La gamificación del trading se ha convertido en una estrategia central de las plataformas digitales para atraer y retener usuarios. Mediante elementos lúdicos como insignias, recompensas, tablas de clasificación y notificaciones visuales, se busca transformar la experiencia financiera en una dinámica similar a la de un videojuego. Sin embargo, en el contexto colombiano, esta práctica plantea riesgos significativos para la protección del consumidor, especialmente cuando se utilizan plataformas extranjeras que operan fuera del alcance directo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Este artículo analiza los riesgos de la gamificación del trading para los consumidores colombianos, examina ejemplos de plataformas internacionales como Robinhood, eToro y Binance, y propone mecanismos regulatorios y de cooperación internacional para mitigar los efectos de manipulación digital en los mercados financieros.
Dinámicas de la Gamificación y Riesgos para el Consumidor Colombiano
La lógica de la gamificación en el trading se basa en el uso de estímulos conductuales que buscan incentivar operaciones frecuentes. Estos estímulos, como recompensas visuales o insignias, generan una sensación de logro inmediato que puede llevar al usuario a repetir la acción sin evaluar adecuadamente los riesgos. Un ejemplo claro es el caso de Robinhood en Estados Unidos, criticada por utilizar confeti digital al completar transacciones, lo que reforzaba un sesgo emocional hacia la repetición de operaciones.
Los riesgos para el consumidor colombiano son múltiples. En primer lugar, la gamificación explota sesgos cognitivos como la aversión a la pérdida o la ilusión de control, lo que puede inducir decisiones impulsivas. En segundo lugar, la extraterritorialidad de plataformas como eToro, con sede en Chipre, o Binance, registrada en múltiples jurisdicciones, dificulta la supervisión directa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Finalmente, la información que estas plataformas ofrecen no siempre cumple con los estándares de transparencia exigidos por la Ley 1480 de 2011, lo que deja al consumidor en una posición vulnerable.
La revisión de los términos y condiciones de las plataformas de trading extranjeras es esencial para garantizar la protección del consumidor colombiano. Sin embargo, este proceso enfrenta desafíos importantes: los textos suelen ser extensos, redactados en un lenguaje técnico o jurídico complejo, y en ocasiones se encuentran únicamente en inglés u otros idiomas, lo que dificulta su comprensión. Además, la extraterritorialidad limita la capacidad de las autoridades colombianas para exigir modificaciones o sancionar incumplimientos, dejando al consumidor en una posición de vulnerabilidad frente a cláusulas abusivas o poco claras.
Los ejemplos prácticos ilustran cómo estas dinámicas operan. Robinhood incentiva el trading de alta frecuencia mediante interfaces simples y elementos visuales atractivos. eToro promueve el “copy trading”, una modalidad en la que los usuarios replican estrategias de otros inversionistas, lo que puede llevar a decisiones poco informadas. Binance, por su parte, ofrece recompensas y gamificación en el uso de tokens, generando riesgos de sobreexposición a activos altamente volátiles.
Conclusiones
La gamificación del trading representa un desafío para la protección del consumidor colombiano. Aunque fomenta la inclusión financiera, también expone a los usuarios a manipulación digital y riesgos excesivos. Se requiere avanzar hacia:
- Cooperación internacional: acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan supervisar plataformas extranjeras.
- Protocolos de advertencia: mensajes claros sobre riesgos conductuales y financieros en interfaces digitales.
- Educación financiera: programas que enseñen a los consumidores a identificar técnicas de gamificación y sus efectos.
- Regulación adaptativa: normas que integren principios de protección al consumidor digital y que reconozcan la naturaleza transfronteriza de las plataformas.
Reimaginando el arbitraje: la reforma de las reglas ICC 2026
Por Daniel Peña Valenzuela, Socio Peña Mancero Abogados
Introducción
La reforma de 2026 de las Reglas de Arbitraje de la ICC representa un avance significativo en la forma en que se resuelven las disputas internacionales. Para líderes empresariales y emprendedores, estos cambios no son meramente técnicos: afectan directamente la rapidez, transparencia y costo de los procedimientos. Las reformas enfatizan la eficiencia, la adaptación digital y la flexibilidad institucional, alineando el arbitraje con las realidades del comercio global.
1. Flexibilidad Procesal y Gestión de Casos
- Acta de Misión: Antes obligatoria, ahora opcional. Esto reduce trámites y acelera el inicio de los procedimientos. Sin embargo, cualquier nueva reclamación después de la primera conferencia de gestión debe ser aprobada por el tribunal, garantizando control y previsibilidad.
- Determinación Temprana: Los tribunales pueden rechazar reclamaciones claramente infundadas desde el inicio, ahorrando tiempo y recursos.
- Tribunales Truncados: Si un árbitro se retira después de la audiencia final o de las presentaciones, los árbitros restantes pueden continuar sin demora.
- Técnicas de Gestión de Casos: Aunque se eliminaron de las reglas formales, la ICC seguirá ofreciendo guías prácticas a través de informes y notas.
2. Transparencia e Independencia
- Estándares de Revelación: Los árbitros deben revelar relaciones como antes, pero ahora las partes también deben listar entidades relacionadas, aumentando la claridad y reduciendo riesgos de conflictos ocultos.
- Confidencialidad: Los árbitros están expresamente obligados a mantener la confidencialidad, protegiendo la información sensible de las empresas.
3. Digitalización y Adaptación Tecnológica
- Comunicación Electrónica: Se establece como modo predeterminado, reduciendo retrasos y costos.
- Firmas Electrónicas: Los laudos pueden firmarse electrónicamente, incluso en múltiples copias, con notificaciones electrónicas o en papel según elección de las partes.
Procedimientos Expeditos y Altamente Expeditos
- Umbral del Procedimiento Expedito: Elevado a USD 4 millones, permitiendo que más disputas de tamaño medio se beneficien de resoluciones rápidas.
- Procedimiento Altamente Expedito: Nuevo mecanismo opcional con un plazo de 3 meses, pasos limitados y posibilidad de laudos sin motivación. Ideal para empresas que buscan cierre rápido.
Medidas de Emergencia e Interinas
- Medidas Ex Parte: Los árbitros de emergencia pueden ordenar medidas urgentes sin escuchar previamente a la otra parte, fortaleciendo la protección en situaciones críticas.
Supervisión Institucional y Eficiencia Administrativa
- Decisiones sobre Honorarios: El Secretario General tiene mayor flexibilidad para decidir honorarios, haciendo los costos más previsibles.
- Secretarios de Tribunal: Reconocidos oficialmente como apoyo administrativo, sin poderes de decisión.
Conclusiones
Para las empresas, la reforma de 2026 de las Reglas ICC señala un entorno arbitral más práctico y favorable. Al adoptar herramientas digitales, simplificar procedimientos y reforzar la transparencia, la ICC ha hecho el arbitraje más rápido, claro y adaptable a las necesidades comerciales modernas. Estas reformas reflejan un cambio de paradigma: el arbitraje deja de ser solo un proceso legal para convertirse en una herramienta estratégica que garantiza eficiencia, equidad y confianza en las relaciones empresariales globales.
Las nuevas reglas de la ICC entrarán en vigor el 1 de junio de 2026, aplicándose a todos los arbitrajes iniciados a partir de esa fecha. Las empresas deben ajustar sus estrategias contractuales y cláusulas de resolución de disputas para alinearse con este marco modernizado.
Expresión digital y soberanía judicial: normas constitucionales colombianas en el caso Esperanza Gómez
Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
1. Introducción: un hito constitucional en la era digital
El 12 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo histórico que redefinió los límites de la gobernanza digital y reafirmó la aplicabilidad de los derechos constitucionales en el ciberespacio. El caso, presentado por la actriz e influencer digital Esperanza Gómez, impugnaba el cierre arbitrario de su cuenta de Instagram por parte de Meta Platforms Inc. Al restablecer su presencia digital, el Tribunal no solo protegió sus derechos individuales, sino que también estableció un marco constitucional para la responsabilidad de las plataformas, la supervisión judicial y la defensa de la libertad de expresión en industrias estigmatizadas.
2. Antecedentes: normas globales frente a garantías nacionales
La acción de tutela de Gómez puso de manifiesto la creciente tensión entre las políticas globales de moderación de contenidos y las protecciones constitucionales nacionales. Su equipo legal argumentó que la decisión de Meta violaba sus derechos a la libertad de expresión, la igualdad, el debido proceso y el trabajo. El Tribunal estuvo de acuerdo y concluyó que el cierre de la cuenta era discriminatorio y adolecía de deficiencias procesales.
Esta sentencia se basa en una serie de precedentes que han configurado la doctrina del Tribunal sobre los derechos digitales. En la sentencia T-155 de 2019, el Tribunal abordó el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor en el contexto de las redes sociales, haciendo hincapié en que la libertad de expresión digital goza de protección constitucional y solo debe restringirse bajo estrictos criterios de proporcionalidad.
En la sentencia T-124 de 2021, el Tribunal examinó la expresión religiosa de los funcionarios públicos en las plataformas digitales, reafirmando el principio de laicidad del Estado y la necesidad de garantizar la neutralidad en el discurso en línea. Más recientemente, la sentencia T-061 de 2024 abordó la cuestión de la moderación de contenidos transfóbicos, sosteniendo que las plataformas deben evitar la aplicación discriminatoria y garantizar que las comunidades vulnerables no sean silenciadas de manera desproporcionada.
En conjunto, estas sentencias reflejan una doctrina en evolución: las plataformas digitales, aunque son de propiedad privada, funcionan como foros cuasi públicos y deben respetar las normas constitucionales.
3. Aportaciones doctrinales: definición de los límites del poder de las plataformas
La opinión mayoritaria de la magistrada Natalia Ángel Cabo introdujo varios principios fundamentales que ahora guían la regulación constitucional de los espacios digitales:
En primer lugar, el Tribunal afirmó que las plataformas pueden ejercer la moderación de contenidos, pero que este poder debe ejercerse dentro de los límites constitucionales. La mera invocación de las «normas comunitarias» no justifica la supresión de la libertad de expresión protegida por la Constitución, especialmente cuando la aplicación es arbitraria o discriminatoria.
En segundo lugar, el Tribunal reafirmó la jurisdicción de los jueces colombianos sobre las violaciones de los derechos digitales, incluso cuando son cometidas por empresas extranjeras. Este principio de soberanía judicial garantiza que las protecciones constitucionales no se vean invalidadas por la naturaleza transnacional de las plataformas digitales.
En tercer lugar, el Tribunal declaró que la aplicación discriminatoria de las políticas de moderación, en particular contra profesiones estigmatizadas como el entretenimiento para adultos, es inconstitucional. La decisión hizo hincapié en que la libertad de expresión debe protegerse independientemente de la identidad o la ocupación del hablante.
Por último, el Tribunal extendió el principio del debido proceso a los entornos digitales. Los usuarios deben disponer de procedimientos claros de notificación, apelación y revisión judicial cuando se restrinjan sus cuentas o contenidos.
4. Órdenes estructurales: responsabilidad institucional y reforma
Más allá de la reparación individual, el Tribunal dictó órdenes estructurales destinadas a reformar las operaciones de Meta en Colombia. Entre ellas se incluyen:
- Traducir todas las políticas y directrices de la plataforma al español para garantizar la accesibilidad y la transparencia.
- Establecer un canal judicial para recibir y cumplir las órdenes judiciales.
- Revisar las políticas de moderación para eliminar el lenguaje y las prácticas discriminatorias.
- Crear mecanismos de apelación transparentes sujetos a supervisión judicial.
- Publicar la sentencia en el Centro de Transparencia de Meta para garantizar la concienciación pública.
- Solicitar una opinión consultiva a la Junta de Supervisión de Meta para evaluar las implicaciones más amplias del caso.
Estas medidas reflejan un cambio hacia una participación judicial proactiva en la gobernanza digital, posicionando a los tribunales constitucionales como actores clave en la regulación del comportamiento de las plataformas y la defensa de los derechos fundamentales.
5. Implicaciones más amplias: el derecho constitucional en un ecosistema digital transnacional
La sentencia Gómez plantea cuestiones críticas para los sistemas jurídicos de todo el mundo. ¿Cómo pueden los tribunales nacionales evitar que las normas comunitarias globales se conviertan en herramientas de censura? ¿Qué salvaguardias se necesitan para proteger a los usuarios de industrias estigmatizadas de una moderación arbitraria? ¿Cómo debe evolucionar el derecho constitucional para abordar la naturaleza transnacional de las plataformas digitales?
La respuesta del Tribunal es clara: al afirmar la soberanía judicial, exigir transparencia y defender la igualdad sustantiva, los tribunales constitucionales pueden configurar un ecosistema digital más justo y responsable. La decisión cuestiona la noción de que las plataformas digitales operan en un vacío legal y afirma que las protecciones constitucionales se extienden al ámbito digital.
6. Conclusión: hacia una jurisprudencia de los derechos digitales
La decisión del Tribunal Constitucional a favor de Esperanza Gómez marca un punto de inflexión en la jurisprudencia latinoamericana sobre derechos digitales. Afirma que las protecciones constitucionales no terminan en los límites de Internet y que la gobernanza de las plataformas debe estar sujeta a los principios del derecho público. A medida que los espacios digitales siguen evolucionando, esta sentencia proporciona un modelo fundamental para defender los derechos, regular la moderación y garantizar que la expresión en línea siga siendo libre, justa y protegida constitucionalmente.
Del Código a la Constitución: La Constitucionalización de la Inteligencia Artificial en la Jurisprudencia Colombiana
Por Daniel Peña Valenzuela, Socio de Peña Mancero Abogados
Introducción
La creciente incorporación de tecnologías digitales en la administración pública y en los procesos judiciales ha obligado a las cortes constitucionales del mundo a enfrentar dilemas jurídicos inéditos. En Colombia, la Corte Constitucional ha comenzado a delinear un marco normativo para la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) mediante las sentencias T-323 de 2024 y T-067 de 2025. Estas decisiones no se limitan a regular herramientas tecnológicas: inauguran un proceso de constitucionalización, en el cual los sistemas algorítmicos y las funcionalidades digitales son interpretados a la luz de los derechos fundamentales y los principios democráticos, propios del Estado Social de Derecho.
Este artículo ofrece un análisis descriptivo e interpretativo de ambas sentencias, situándolas en el contexto de los debates contemporáneos sobre transparencia, rendición de cuentas y el despliegue ético de la IA en funciones estatales. Asimismo, explora cómo estas decisiones reflejan una imaginación constitucional emergente que busca reconciliar la innovación tecnológica con los imperativos de justicia, inclusión y legitimidad institucional.
1. Sentencia T-323 de 2024: Opacidad Algorítmica y el Derecho al Debido Proceso
La sentencia T-323 es el resultado de una acción de tutela relacionada con el uso de decisiones algorítmicas en la asignación de servicios de salud. El accionante alegó que la opacidad del sistema y la falta de explicabilidad vulneraban su derecho al debido proceso y a la igualdad. En respuesta, la Corte reconoció que cuando las herramientas algorítmicas son utilizadas por entidades públicas, adquieren un carácter cuasi-institucional y, por tanto, deben someterse al escrutinio constitucional.
La decisión enfatizó la necesidad de transparencia algorítmica, afirmando que los individuos afectados por decisiones automatizadas deben poder comprender la lógica y los datos que sustentan dichos resultados. Además, la Corte introdujo el principio de responsabilidad tecnológica, exigiendo a las instituciones públicas la divulgación de los parámetros operativos de los sistemas de IA y la garantía de que estos no reproduzcan sesgos discriminatorios.
Esta sentencia redefine las herramientas digitales no como instrumentos neutrales, sino como actores constitucionales cuyo diseño e implementación deben alinearse con los valores de dignidad, igualdad y justicia procesal. También marca un giro en la jurisprudencia hacia una postura proactiva en materia de derechos digitales, reconociendo que la gobernanza algorítmica debe estar sujeta a control democrático y garantías legales.
2. Sentencia T-067 de 2025: Analítica Predictiva y Discrecionalidad Judicial
En la sentencia T-067, la Corte abordó el uso de analítica predictiva en decisiones de detención preventiva. El caso planteó preocupaciones sobre el grado en que las evaluaciones de riesgo algorítmicas podrían influir en la discrecionalidad judicial y socavar la presunción de inocencia. La Corte determinó que, si bien estas herramientas pueden ofrecer eficiencias operativas, deben permanecer subordinadas a las garantías constitucionales y al control humano.
La sentencia introdujo el concepto de interoperabilidad constitucional, exigiendo que los sistemas digitales utilizados en el ámbito judicial sean diseñados para salvaguardar derechos como la impugnabilidad, la transparencia y el acceso a recursos efectivos. De manera crucial, la Corte reafirmó que la IA no puede reemplazar el razonamiento judicial, y que cualquier asistencia tecnológica debe ser auditable y susceptible de contradicción.
Esta decisión refuerza los límites normativos dentro de los cuales la IA puede operar en contextos jurídicos, protegiendo la integridad de los procesos judiciales frente a los riesgos de automatización y reduccionismo tecnocrático. También refleja una preocupación más amplia por preservar la dimensión humana de la justicia, especialmente en escenarios donde están en juego la libertad y el debido proceso.
3. Implicaciones Teóricas e Institucionales
Ambas sentencias pueden ser interpretadas desde la teoría crítica del derecho, que destaca el papel del derecho en la reproducción o cuestionamiento de estructuras de poder. Desde una perspectiva feminista o decolonial, la insistencia de la Corte en la transparencia y la impugnabilidad puede entenderse como una respuesta a las asimetrías estructurales incrustadas en los sistemas algorítmicos—muchos de los cuales son diseñados y operados por actores privados con escasa rendición de cuentas.
Asimismo, las decisiones plantean interrogantes sobre la capacidad institucional. La Corte llama implícitamente a las entidades públicas a desarrollar competencias técnicas y marcos regulatorios que aseguren la conformidad de los sistemas de IA con los estándares constitucionales. Esto requiere no solo reformas legales, sino también colaboración interdisciplinaria entre juristas, tecnólogos, éticos y actores de la sociedad civil.
Las sentencias también sugieren una redefinición de la subjetividad constitucional. Al tratar los sistemas algorítmicos como entidades que deben ajustarse a normas constitucionales, la Corte amplía el alcance del derecho constitucional para incluir actores no humanos y procesos de decisión híbridos. Este gesto posthumanista desafía las nociones tradicionales de agencia y responsabilidad, invitando a nuevas formas de razonamiento jurídico adaptadas a las complejidades de la gobernanza digital.
Conclusión: Hacia un Constitucionalismo Digital Basado en Derechos
Consideradas en conjunto, las sentencias T-323 y T-067 representan un momento fundacional en la gobernanza constitucional de la inteligencia artificial en Colombia. Al incorporar las herramientas digitales dentro de la arquitectura de los derechos constitucionales, la Corte promueve un modelo de constitucionalismo digital basado en derechos—uno que exige transparencia, responsabilidad y diseño ético en el despliegue de sistemas algorítmicos.
Estas decisiones posicionan a Colombia como referente regional en la regulación de tecnologías emergentes, ofreciendo orientación jurisprudencial para otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares. Más allá de ello, las sentencias invitan a académicos, tecnólogos y formuladores de políticas públicas a reconceptualizar el papel del derecho constitucional no solo como mecanismo reactivo, sino como marco proactivo para moldear el futuro digital conforme a valores democráticos y principios de justicia social.
Al hacerlo, la Corte afirma que el derecho constitucional debe evolucionar en paralelo con el cambio tecnológico, no solo para proteger los derechos individuales, sino también para preservar la legitimidad y capacidad de respuesta de las instituciones públicas. La constitucionalización de la IA no es simplemente una innovación jurídica—es una necesidad democrática.
Comparativo normativo 2025: protección de datos Fintech (sic) vs. open finance (minhacienda) en Colombia
Lineamientos sobre Datos Financieros en el Ecosistema Fintech Colombiano (2025)
Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
Introducción
En el contexto de la transformación digital del sistema financiero colombiano, la regulación del tratamiento de datos personales adquiere una relevancia estratégica. El 6 de mayo de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó un proyecto de circular externa orientado a establecer lineamientos específicos para el manejo de datos personales por parte de actores del ecosistema fintech. Aunque esta iniciativa se presenta como una medida para fortalecer la protección de los derechos de los titulares, su contenido ha suscitado un debate significativo respecto a su compatibilidad con el modelo de finanzas abiertas (open finance) promovido por el Ministerio de Hacienda.
El open finance, como paradigma emergente, busca fomentar la interoperabilidad, la innovación tecnológica y la inclusión financiera mediante el intercambio estandarizado y seguro de datos entre entidades financieras y terceros autorizados. En este marco, el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda propone una arquitectura regulatoria basada en el consentimiento digital, la automatización de procesos y una gobernanza multisectorial liderada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
La coexistencia de estos dos marcos regulatorios plantea tensiones normativas que podrían obstaculizar el desarrollo armónico del ecosistema financiero digital. A través del siguiente cuadro comparativo, se analizan las principales divergencias entre ambos proyectos, con el fin de evidenciar los puntos de fricción y proponer una reflexión crítica sobre la necesidad de una regulación coherente, moderna y alineada con los principios del open finance.
| Proyecto de Circular de la SIC | Proyecto de Decreto del Ministerio de Hacienda (Open Finance) | |
| Decisiones Automatizadas | Exige revisión humana cuando las decisiones afecten significativamente al titular, limitando el uso de algoritmos e IA. | Promueve el uso de algoritmos e inteligencia artificial para ampliar el acceso a servicios financieros. |
| Mecanismos de Consentimiento | Requiere autorizaciones previas, explícitas y escritas, especialmente para datos sensibles o procesamiento automatizado. | Establece un consentimiento digital gestionado mediante APIs y dashboards interactivos, con registros electrónicos auditables. |
| Principio de Minimización de Datos | Refuerza una interpretación restrictiva del principio de minimización, limitando el acceso a datos no estrictamente necesarios. | Permite al titular compartir voluntariamente su historial financiero completo para servicios personalizados y benchmarking. |
| Gobernanza e Interoperabilidad | Se basa en el modelo tradicional de responsable/encargado del tratamiento sin considerar la estructura multisectorial. | Establece un esquema de gobernanza liderado por la SFC con mesas técnicas, estándares de integración y reglas de reciprocidad. |
| Rol del Consumidor | Asume un enfoque paternalista, considerando al consumidor como pasivo y vulnerable. | Considera al consumidor como actor activo, dueño de sus datos, con capacidad de decidir con quién compartir su información. |
| Objetivo General | Busca proteger los derechos de los titulares de datos personales en el ecosistema fintech. | Busca aumentar la competencia, eficiencia e inclusión financiera mediante el intercambio estandarizado de datos. |
| Participación Obligatoria | No establece una obligación generalizada para los actores del ecosistema. | Obliga a entidades vigiladas por la SFC a participar como proveedores de datos en el sistema de finanzas abiertas. |
| Esquema de Gobernanza | No contempla una instancia de coordinación multisectorial. | Crea una instancia de coordinación público-privada con autoridad decisoria (SFC), secretaría técnica y grupos de trabajo. |
Blockchain e Inteligencia Artificial ¿convergencia tecnológica y regulatoria a la vista?
El ecosistema digital sigue creciendo como consecuencia del volumen creciente de datos que se crean en la sociedad de la información y de novísimas tecnologías que se desarrollan como consecuencia de una ola de inversión sin precedentes, así como de emprendimientos y empresas de tecnología que apuestan a la innovación. Las políticas públicas tratan de seguir el paso y la velocidad del avance tecnológico pero lograr los consensos necesarios a escala gubernamental no obstante, la relación tecnocracia y decisión política está en entredicho por la visión del progresismo que en ocasiones entiende que no existe coherencia entre un propósito de la academia principalmente la investigación de las universidades y centros de pensamiento de índole privada y los propósitos nacionales. Las leyes sobre estos temas quedan más bien como un ejemplo de múltiples proyectos fallidos en su concepción y desarrollo pragmático. Los órganos legislativos no tienen en ocasiones el suficiente experticio para lograr sintetizar y resolver los principales problemas entre la tecnología y derecho.
Blockchain y la inteligencia artificial (IA) son dos tecnologías innovadoras y disruptivas que, aunque son distintas en sus aplicaciones y funcionalidades, pueden complementarse y beneficiarse mutuamente en ciertos contextos. Ambas tecnologías están en constante evolución, y su convergencia tiene el potencial de transformar diversos sectores como la gestión y analítica de datos, la ciberseguridad y la trazabilidad de la cadena de suministro del comercio electrónico global.
Se están desarrollando soluciones frente desafíos de escalabilidad en las blockchain, permitiendo un mayor rendimiento y una adopción más amplia. Esto podría facilitar la gestión de grandes cantidades de datos necesarios para el entrenamiento de modelos de IA.
Por su parte, la creación de estándares y protocolos que mejoren la interoperabilidad entre diferentes plataformas blockchain, lo que facilitaría la transferencia de datos y activos entre sistemas, beneficiando a las aplicaciones de inteligencia artificial. Protocolos y estándares como ERC-20 (Ethereum Request for Comments 20) para tokens o el estándar Hyperledger Fabric son ejemplos de normas que permiten a diferentes blockchains trabajar de manera conjunta.
Los mecanismos son diversos, un puente de cadena es un mecanismo que permite la transferencia de activos o datos entre diferentes blockchains. Esto facilita la interoperabilidad al conectar diferentes ecosistemas blockchain y permitir que los activos se muevan de una cadena a otra de manera segura. Así mismo se pueden proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) robustas y estandarizadas facilita la comunicación y la interacción entre diferentes blockchains. Las API bien definidas permiten a los desarrolladores construir aplicaciones que pueden funcionar en múltiples blockchains.
INTERRELACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE BLOCKCHAIN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Seguridad y confianza:
Blockchain proporciona un sistema descentralizado y seguro para el almacenamiento de datos. La inmutabilidad de los registros en la cadena de bloques ayuda a prevenir la manipulación de la información. Como consecuencia de la cadena de bloques aparecen los contratos inteligentes, programas informáticos autónomos que ejecutan acuerdos automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. La interoperabilidad de contratos inteligentes implica la capacidad de ejecutar contratos en diferentes blockchains, lo que permite la colaboración y la automatización de procesos a través de cadenas.
Algunas soluciones buscan lograr la interoperabilidad mediante mecanismos de consenso que abarcan múltiples blockchains. Estos mecanismos permiten que diferentes blockchains lleguen a un acuerdo sobre el estado de la red y la validez de las transacciones.
Inteligencia Artificial puede utilizar datos seguros almacenados en la blockchain para entrenar modelos de manera confiable, ya que los datos no pueden ser alterados una vez que se registran en la cadena de bloques.
IA puede contribuir a la formación de consorcios y alianzas entre diferentes proyectos blockchain puede fomentar la interoperabilidad al establecer reglas y estándares compartidos que faciliten la colaboración entre las partes involucradas.
1. Gestión de datos:
Blockchain ofrece una forma eficiente y segura de gestionar y compartir datos entre diferentes partes sin necesidad de un intermediario.
IA requiere grandes cantidades de datos para entrenar modelos efectivos. Blockchain puede ser utilizada para garantizar la procedencia y autenticidad de los datos utilizados en el entrenamiento de modelos de IA.
Una de las características fundamentales de la blockchain es la inmutabilidad, lo que significa que una vez que se registra la información en un bloque, no se puede modificar. Esto puede ser un desafío cuando se trata de datos personales, ya que cualquier error o información sensible incorrecta registrada inicialmente no puede corregirse de manera sencilla.
Mientras que las direcciones de criptomonedas en una blockchain son pseudónimas, algunos sistemas blockchain pueden tener características que permiten la vinculación de direcciones con identidades del mundo real. La gestión de la privacidad y el anonimato de los usuarios es crucial para proteger la información personal.
La inclusión de datos personales en una blockchain debe estar respaldada por el consentimiento informado de los individuos. Los usuarios deben comprender cómo se utilizarán sus datos y qué implicaciones puede tener la inmutabilidad de la información en la cadena.
Dado que blockchain es transparente y accesible para todos los participantes, es fundamental garantizar que los datos personales estén cifrados y protegidos. La seguridad de la información debe ser una prioridad para evitar accesos no autorizados.
2. Tokenización de activos y contratos inteligentes:
Blockchain permite la creación de tokens y contratos inteligentes, lo que facilita la representación y la automatización de acuerdos y transacciones.
IA puede aprovechar la tokenización para mejorar la eficiencia en la ejecución de contratos y transacciones, así como en la gestión de activos digitales.
3. Protección de la privacidad:
Blockchain puede proporcionar un mayor control sobre la privacidad y el acceso a los datos mediante mecanismos como la encriptación y la gestión descentralizada de claves.
IA puede beneficiarse de la seguridad y privacidad mejoradas que ofrece la blockchain al manipular datos sensibles durante el entrenamiento de modelos.
4. Incentivos y recompensas:
Blockchain permite la creación de sistemas de recompensas y tokens que pueden motivar la participación y la contribución de los usuarios.
IA puede utilizar estos incentivos para mejorar la recopilación y calidad de los datos utilizados en el entrenamiento de modelos de IA.
En conjunto, la combinación de blockchain e IA puede contribuir a un ecosistema digital más seguro, transparente y eficiente, especialmente en situaciones donde la confianza, la integridad de los datos y la automatización son cruciales. Ambas tecnologías están en constante evolución, y su interrelación sigue siendo un desafío para las políticas públicas que tienden a balcanizar su estudio y a tomar por separado las tecnologías para regularlas o crear normas jurídicas o éticas al respecto.
INTERRELACIÓN ENTRE LA REGULACIÓN LEGAL DE BLOCKCHAIN E IA
La regulación legal y de políticas públicas de blockchain e IA puede tener similitudes en algunos aspectos, pero también es probable que existan diferencias significativas debido a las características distintivas de estas tecnologías.
Regulación de Blockchain:
Datos y Privacidad:
Las regulaciones de privacidad y protección de datos son aplicables tanto a la tecnología blockchain como a la IA. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de la blockchain, donde los datos se almacenan de forma distribuida, podría requerir enfoques específicos para garantizar la privacidad y la protección de datos.
Contratos Inteligentes:
La regulación tiende a tomar como foco de análisis los contratos inteligentes y la validez legal de las transacciones realizadas a través de ellos. También aborda cuestiones de responsabilidad en caso de errores en la ejecución de contratos inteligentes que afecten la eficacia u oponibilidad. También se debe tener en cuenta la prueba de los contratos inteligentes como mensajes de datos calificados ya no por su autenticidad o integridad sino por su contenido.
3. Tokenización y Criptomonedas:
La regulación aborda la emisión, comercialización y uso de tokens y criptomonedas, incluyendo la prevención del lavado de activos y la protección de los inversionistas mediante mecanismos de supervisión, vigilancia y control.
4. Interoperabilidad y Estándares:
Es importante que las políticas públicas en materia de TIC tengan una visión holística que permita la interoperabilidad entre diferentes blockchains y el establecimiento de estándares para facilitar la integración con sistemas existentes, por ejemplo las aplicaciones de inteligencia artificial.
Regulación de Inteligencia Artificial:
Ética y Responsabilidad:
Las regulaciones de IA se centran en la ética y la responsabilidad. Así mismo incluyen aspectos como la transparencia en los algoritmos, la explicabilidad de las decisiones de la IA y la asignación de responsabilidad en caso de resultados negativos.
Protección de Datos:
Las leyes de protección de datos pueden aplicarse a las tecnologías de IA debido al recaudo, recopilación y procesamiento de grandes cantidades de información, en buena parte datos personales. El uso de los datos para alimentar, entrenar y potenciar los sistemas de inteligencia artificial requiere el consentimiento y autorización del usuario y establecer reglas sobre cómo se manejan los datos personales que cumplan con los principios y normas locales e internacionales en la materia.
Sesgos y Discriminación:
Las regulaciones de la IA se refieren al sesgo algorítmico y la discriminación en los sistemas de IA, exigiendo prácticas de desarrollo y entrenamiento que minimicen la discriminación.
Seguridad y Transparencia:
La regulación de IA requiere estándares de seguridad para sistemas de IA y la divulgación de información sobre la presencia de sistemas de IA en productos y servicios.
Desarrollo Sostenible:
Regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental podrían aplicarse a sistemas de IA, especialmente aquellos que consumen grandes cantidades de recursos computacionales.
POSIBLES ÁREAS DE CONVERGENCIA REGULATORIA:
Privacidad y Datos:
Tanto la blockchain como la IA manejan datos, pero la blockchain generalmente se asocia con la protección de datos descentralizada, mientras que la IA puede requerir regulaciones específicas para el manejo ético de datos y la privacidad.
Responsabilidad y Transparencia:
Ambas tecnologías pueden requerir regulaciones que aborden la responsabilidad en caso de mal uso o resultados indeseados. Además, la transparencia en los algoritmos de IA y la trazabilidad en la blockchain pueden ser temas comunes.
Énfasis en la Innovación:
Las regulaciones deben equilibrar la protección del usuario y la promoción de la innovación, reconociendo el potencial transformador de ambas tecnologías.
En suma, aunque algunas áreas de regulación pueden superponerse, la naturaleza única de la blockchain y la inteligencia artificial puede llevar a regulaciones específicas para abordar los desafíos y oportunidades de cada tecnología. Es necesario que las autoridades regulatorias consideren cuidadosamente el impacto de estas tecnologías en la sociedad y en la economía al desarrollar marcos normativos.
CIBERSEGURIDAD DE BLOCKCHAIN ES RELEVANTE PARA LA IA
Como corolario de lo anterior, la ciberseguridad es crucial para la inteligencia IA ya que los sistemas que utilizan esta tecnología con frecuencia trabajan con grandes cantidades de datos sensibles y personales. La ciberseguridad ayuda a proteger esta información contra accesos no autorizados, robos de datos y ataques cibernéticos que comprometen la privacidad de los individuos. Los modelos de inteligencia artificial son susceptibles a ataques de manipulación, donde los adversarios intentan alterar intencionalmente los datos de entrada para engañar al modelo y obtener resultados incorrectos. La ciberseguridad ayuda a garantizar la integridad de los modelos IA y la confianza en sus resultados. Los ciberataques pueden tener consecuencias graves, especialmente en aplicaciones críticas de la IA como la seguridad cibernética, la salud y el transporte. Finalmente, los sistemas de IA a menudo se implementan en entornos en línea para proporcionar servicios en tiempo real lo cual los hace más vulnerables a los ciberataques. La ciberseguridad es esencial para garantizar la disponibilidad continua de los servicios empoderados por IA.
ESCENARIOS DE PROSPECTIVA DE LA INTEGRACIÓN DE BLOCKCHAIN Y DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los escenarios futuristas de blockchain e inteligencia artificial (IA) son prometedores, con el potencial de transformar significativamente diversos aspectos de la sociedad y la economía.
- Descentralización total: Se espera que la tecnología blockchain juegue un papel crucial en la descentralización de sistemas y servicios. Esto podría llevar a la eliminación de intermediarios en diversas industrias, como financiero, seguros, bienes raíces y servicios profesionales. La descentralización también podría aumentar la seguridad y la privacidad.
- Economía tokenizada: La creación de activos digitales tokenizados en blockchain podría llevar a una economía completamente nueva, donde los tokens representen activos físicos y virtuales. Esto podría cambiar la forma en que se compran y venden bienes, así como la forma en que se invierte y se recaudan fondos para proyectos.
- Contratos inteligentes avanzados: Los contratos inteligentes en blockchain podrían evolucionar para ser más complejos y autónomos. Podrían ejecutar tareas complejas sin la necesidad de intervención humana, lo que facilitaría transacciones más seguras y eficientes.
- Integración de IA y blockchain: La combinación de inteligencia artificial y blockchain podría llevar a sistemas más inteligentes y seguros. La IA podría utilizarse para mejorar la seguridad de las transacciones, prevenir fraudes y proporcionar análisis predictivos basados en datos almacenados en la cadena de bloques.
- Identidad digital soberana: La integración de blockchain e inteligencia artificial podría permitir la creación de identidades digitales soberanas y seguras. Las personas podrían tener un control total sobre su información personal y decidir qué datos comparten y con quién.
- Gobernanza descentralizada: Los sistemas de gobernanza basados en blockchain podrían permitir una toma de decisiones más democrática y transparente en diversas organizaciones. La descentralización podría aplicarse a gobiernos, empresas y Esales.
- Redes neuronales descentralizadas: La capacidad de ejecutar y entrenar redes neuronales de forma descentralizada podría llevar a avances significativos en el campo de la inteligencia artificial. Esto podría mejorar la eficiencia del aprendizaje automático y fomentar la colaboración global en investigaciones de IA.
Gamificación del Trading y Protección del Consumidor Colombiano frente al Uso de Plataformas Extranjeras
El contrato de diseño, desarrollo y hosting de un sitio de internet. (2003)
