Desafíos para las firmas de abogados en La implementación de los “Guiding Principles on Business and Human Rights’

Por Peña Mancero Abogados y Felipe Gómez

El conversatorio sobre la “Evolución de los Derechos Humanos y la Empresa” de la Cámara de asuntos legales de la ANDI el pasado 19 de abril, liderado por el Dr. John F. Sherman, abogado de Harvard Law School, experto mundial en implementación de Guiding Principles (Principios Rectores) en Derechos Humanos y Empresa de la Naciones Unidas y Director del grupo de trabajo de DDHH y la Empresa de la IBA, expuso algunas de las oportunidades para las firmas de abogados en esta área.

Haciendo una mención a los antecedentes de los “Guiding Principles on Business and Human Rights, la implementación consciente de los Principios Rectores en derechos humanos inició sobre la década de 1990, cuando en EEUU se evidenció que las empresas no tenían ninguna responsabilidad por los impactos de los derechos humanos en sus negocios, y su interés solo se limitada a cumplir con los impuestos que exigía la ley.  Después de años de consultas, investigación y proyectos piloto por parte de la Naciones Unidas, se publicaron “Guiding Principles on Business and Human Rights” de la ONU en 2011, un marco que busca ‘Proteger, Respetar y Remediar’ aspectos relacionados con los DDHH.

Estos Principios Rectores no fueron la creación de nuevas obligaciones legales para las empresas, sino que se crearon como una herramienta que ayudara en el ecosistema de los negocios privados y genere una responsabilidad por parte de las empresas ante su impacto frente a los individuos, grupos o poblaciones que pueden estar en mayor riesgo de vulnerabilidad.

En este sentido, los Principios Rectores son relevantes para el asesoramiento y servicios que las firmas de abogados prestan a todos sus clientes y son aplicables a las mismas áreas de práctica. A continuación destacamos las que más injerencia tienen con relación a estos Principios Rectores y como se adaptan al negocio de una firma.

1. Áreas de práctica legal afectadas por los “Guiding Principles on Business and Human Rights”

• Gobierno corporativo y gestión de riesgos

Generalmente, las firmas asesoran a las empresas sobre el buen gobierno corporativo y la gestión de riesgos, este aspecto incluye cada vez más cuestiones  vinculadas a los derechos humanos. La tarea consiste en determinar si existen grupos vulnerables a los que la asesoría legal debe contemplar.

• Informes y divulgación

Aumento de las expectativas de los interesados en la transparencia en todos los procesos de la empresa en cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Así las cosas, muchas empresas extranjeras ponen su atención específica a la presentación de informes sobre derechos humanos (por ejemplo, UE, Reino Unido, Francia, Dinamarca, India, EE. UU.), teniendo como marco de aseguramiento e información los Principios Rectores publicados por las Naciones Unidas.

• Lavado de activos y anticorrupción

Las firmas de abogados normalmente lideran en esta área, y están a cargo de diseñar e implementar esquemas de cumplimiento robustos.

Precisamente, la corrupción es una señal de alerta de daños a los derechos humanos. Las empresas deben ir más allá de una casilla de verificación y de un enfoque legal del simple cumplimiento de la anticorrupción. El trabajo completo de las firmas es integrar los esfuerzos contra la corrupción y los derechos humanos y aprovechar el ejercicio para reducir la corrupción en entornos donde el negocio y sus proveedores operan.

• Fusiones y Adquisiciones

Una tarea imprescindible en las fusiones empresariales son los Due Diligence, y se han encontrado problemas como resultado de no haber realizado Due Diligence con respecto a los Derechos Humanos, esto se evidencia en la falta de compromiso con las comunidades y el exceso de confianza en las licencias legales otorgadas para operar en determinado lugar, sin tener en cuenta este fundamental aspecto.

Las firmas son una parte primordial del equipo de fusiones y adquisiciones, y aunque no siempre se puede contar con el apoyo del Estado para lograr un compromiso comunitario adecuado, es imprescindible identificar dónde existen brechas entre los riesgos legales y los derechos humanos.

En una adquisición, el comprador es quien adquiere también los riesgos de derechos humanos heredados del vendedor, independientemente de la forma legal de transacción.

Es necesario priorizar los riesgos graves que puedan generarse por no considerar los DDHH como parte vital de una transacción, esta omisión puede generar problemas de interrupción en los acuerdos para las negociaciones.

• Acuerdos entre el Estado y el inversor extranjero

Los Principios Rectores se deben aplicar a acuerdos entre el gobierno local y el inversionista extranjeros. Los acuerdos deben hacerse muy bien desde el principio para evitar conflictos comunitarios, teniendo como presente el conjunto de Principios Rectores, y no por medio de un contrato repetitivo dirigido únicamente a los negociadores.

2. Diez principios para integrar el riesgo de los Derechos Humanos

Estos son algunos de los Principios Rectores que contempla la ONU para mitigar el riesgo empresarial de transgredir los DDHH.

1. Preparación y planificación de las negaciones del proyecto
2. Gestión de posibles impactos adversos sobre los Derechos Humanos
3. Estándares operativos del proyecto
4. Cláusulas de estabilización
5. Suministro adicional de bienes o servicios
6. Seguridad física para el proyecto
7. Participación de la comunidad
8. Monitoreo y cumplimiento del proyecto
9. Mecanismos de reclamación por daños no contractuales a terceros
10. Transparencia / divulgación de los términos del contrato
11. Asociaciones y sociedades de abogados que respaldan los Principios Rectores a nivel mundial

• IBA
• Colegio de Abogados de los Estados Unidos
• Law Society de Inglaterra y Gales
• Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados
• Asociación Europea de Bares / FBE
• Colegio de Abogados de Ginebra

En suma, la aplicación de estos “Guiding Principles on Business and Human Rights” son una responsabilidad de los abogados y las firmas, donde se deben defender y promover los derechos humanos, teniendo en cuenta que estos últimos se integran con los derechos colectivos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como también con las normas y tratados ratificados por Colombia.

De ahí que la posición de las firmas no puede ser pasiva y de un aislamiento de las cuestiones de derechos humanos en comparación con el asesoramiento interno que hacen en el día a día a sus clientes. Para ello hay que lograr que en todos los negocios exista una visión clara y consciente de los impactos de los consejos y servicios sobre los derechos humanos.