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Por Felipe Gómez Córdoba y Peña Mancero Abogados

Recientemente la Ley 1776 de 2016, la cual crea las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, ZIDRES, como territorios con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola identificados por la unidad de planificación rural agropecuaria (UPRA) fue analizada por la Corte Constitucional recientemente con el objetivo de determinar si existe alguna afectación directa o indirecta en los resguardo indígenas del territorio nacional.

Esta precisión se dio en razón de la acción de tutela instaurada en agosto del 2015 por parte de varios ciudadanos, fundaciones y organizaciones en contra del Ministerio de Agricultura y el Congreso al proyecto  Ley 174/15S- 223/15C que se presentaba en aquel entonces y que hoy ya es Ley de la República con miras a crear zonas de interés de desarrollo rural económico y social, incentivando la productividad agrícola en diferentes regiones de Colombia.

La ley desde su contenido establece que los resguardos indígenas son territorios excluidos de estas zonas y para su inclusión es necesaria la consulta previa:

“La Ley 1776, ni en su redacción ni en su implementación, está diseñada de forma que pueda implicar una afectación, daño o amenaza a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y que por lo tanto deba ser suspendida por esta corporación, razón por la cual negará el amparo solicitado”

Aunque la ley fija como incentivos líneas de crédito especiales, mecanismos de garantía sobre la producción y estímulos a la formación y capacitación, actualmente hay demandas de inconstitucionalidad en curso en contra de  varios artículos de fondo, así como también a la totalidad de la ley por vicios de forma.

Las demandas en curso atacansegún lo sostienen los accionantes, “la disposición acrecienta las desigualdades extremas que existen en Colombia para el acceso a la tierra”.

Para más información consulte la Sentencia T-213, Abr. 26 /16 de Corte Constitucional.