Fallo a favor del Estado obligaría a pagar más de $4.8 billones a operadores de comunicación móvil en Colombia

Por Felipe Gómez y PM Abogados

El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá falló una demanda de cerca 13 años sin resolverse a favor del Estado Colombiano por la negativa de la reversión de activos usados para la primera concesión de teléfonos móviles en el país. Dos de los más grandes operadores de telecomunicaciones en Colombia: Movistar y Claro tendrían que pagar en un plazo de 15 días una suma estimada de 4,7 billones de pesos.

Esta suma fue dada a conocer por el Laudo Arbitral de arbitramento conformado por la Camara de Comercio de Bogotá, en el que obliga a pagar 3,1 billones de pesos a Comcel (Claro) y 1,6 a telefónica (Movistar).

Podría considerarse el fallo más importante en la historia a favor de la nación por la cuantiosa cifra que estas dos empresas tendrían que pagar.

El ministro de TIC, David Luna, fue quien elevó en febrero del año pasado la petición de conformar un tribunal ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCB.

En el año 2013 la Contraloría anunció que ambos operadores debían devolver las redes implementadas cuando iniciaron sus contratos.

Otro antecedente importante fue la renegociación por adelantado de los términos de prórroga del año 2004 a través de la ley 422 de 1998, y reconfirmada con la Ley 1341 de 2009.

El debate jurídico se centró  en definir el alcance de la reversión, que activos involucraba, el valor y período.

La razón por la cual  los contratos originales no fueron modificados, fue porque aún seguía vigente la reversión. La sentencia C-555 del 22 de agosto del 2013 reafirmó que las cláusulas de reversión anteriores a las normas vigentes se debían respetar.

Según el ministerio de comunicación la citación al tribunal de arbitramento tenía como fin proteger el patrimonio público y garantizar la prestación del servicio.

Por medio de comunicados, ambas empresas dijeron no estar de acuerdo con el fallo e iniciaron un proceso de estudio de la medida para tomar las acciones legales necesarias.

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