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Gabriela Mancero, Peña Mancero Abogados

El pasado 21 de abril de 2016 el Ministerio de Minas y Energía publicó la nueva política minera para el período comprendido entre 2016 y 2025.

El documento se divide en tres secciones. La primera sección presenta el contexto nacional del sector minero colombiano y su institucionalidad, y plantea los principales retos de la industria para los próximos años. La segunda sección incluye la visión, los pilares – base estructural de la política–, las líneas estratégicas, y contiene algunas precisiones acerca del plan de implementación. La última sección, que corresponde a los anexos, incluye los antecedentes jurídicos, institucionales y normativos que han regido la actividad minera en los últimos años en Colombia, una caracterización del sector que evidencia la importancia de la actividad minera en la economía del país y definiciones.

La visión de la política indica que hay consenso en que la minería se debe desarrollar, siempre y cuando se haga bajo los mejores estándares.

Los pilares de la política para los próximos 9 años son:

1.       Seguridad jurídica: Tener un marco legal claro y estable para el desarrollo del sector. Lo anterior no solamente desde lo legal, sino también desde lo regulatorio y lo relacionado con conceptos jurídicos tanto del Ministerio de Minas y Energía como de la Agencia Nacional de Minería.

Algunas acciones de este pilar son:

  1. Promover la capacitación y el diálogo abierto sobre minería con autoridades locales y otras ramas del poder.
  2. Aplicar debidamente los principios de coordinación, subsidiaridad y concurrencia con las autoridades locales, según la Sentencia 123 de 2014.
  3. Expedir los decretos reglamentarios del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
  4. Implementar medidas para la unificación de interpretaciones jurídicas al interior de la ANM.

2.         Condiciones competitivas: Promover condiciones competitivas para la industria minera. El costo del canon superficiario, los precios de la energía, los impuestos a los explosivos, los aranceles, la modernización de la infraestructura existente, la introducción de innovación y tecnología en la minería y la transferencia de tecnología serán variables a considerar.

Algunas acciones de este pilar son:

  1. Generar mayores capacidades, de capital humano, tecnología y financiamiento, en el sector minero con el fin de que la actividad se desarrolle bajo altos estándares ambientales, de seguridad, sociales y económicos y tenga mayores impactos positivos sobre las regiones de influencia, directa e indirecta, de la minería.
  2. Flexibilizar las fórmulas para los pagos y regalías reguladas por la ley y pactadas en los contratos, de acuerdo con el ciclo de precios de los minerales.
  3. Diseñar mecanismos que permitan aumentar las oportunidades de financiamiento, público y privado, de las actividades del sector.
  4. Crear planes de adaptación y mitigación del impacto ambiental, de cara al cambio climático, para ofrecer mejor visibilidad y mayor competitividad del sector.
  5. Crear programas de generación de mayores encadenamientos, con proveedores y clientes del sector, toda vez que ayuden a afianzar los vínculos con las economías regionales.

3.         Confianza legítima: Generar relación de mutua confianza entre el Gobierno, el sector productivo y las comunidades mineras.

Algunas acciones de este pilar son:

  1. Afianzar los canales de comunicación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales en el desarrollo de los principios constitucionales de coordinación, subsidiaridad y concurrencia.
  2. Incentivar mecanismos de participación y diálogo para lograr condiciones de mutua confianza entre los actores involucrados en la cadena de valor de la minería. Esto involucra el fortalecimiento de las capacidades territoriales, tanto civiles como estatales, para que las regiones y los municipios productores materialicen los beneficios propios del desarrollo de la actividad minera y la creación de espacios de información y formación que den como resultado el desarrollo de diálogos informados entre las partes.
  3. Consolidar la actividad minera como un sector aliado del desarrollo, al generar valor social agregado en los territorios generando empleo, produciendo encadenamientos y haciendo que los proyectos financiados con regalías o por las empresas se ejecuten debidamente y estén al servicio de la comunidad.
  4. Generar una política de empresa y derechos humanos aplicada al sector minero-energético, en el marco del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

4.         Infraestructura: Realizar gestión para la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte existente en el país.

Algunas acciones de este pilar son:

  1. Promover, ante la entidad competente, la rehabilitación del ferrocarril central en su segunda fase y la construcción del Ferrocarril del Carare.
  2. Acompañar la terminación de la construcción de la segunda línea del ferrocarril que soporte la expansión de la producción de carbón en el departamento del Cesar.
  3. Promover y gestionar, ante la autoridad competente, la pavimentación de la troncal del carbón en Cundinamarca y Boyacá, así como la terminación de pavimentación de cuatro vías nacionales y el mejoramiento de algunas vías terciarias estratégicas.
  4. Fomentar la adecuación y construcción de puertos fluviales para el uso eficiente del canal navegable del río magdalena.
  5. Plantear una agenda conjunta con el sector transporte para el cumplimiento de las acciones antes descritas.

5.         Información: Ampliar el conocimiento del territorio colombiano desde el punto de vista geológico-minero, así como de los sistemas de información minera que le dan soporte al desarrollo de la actividad.

Algunas acciones de este pilar son:

  1. Seguir avanzando en el conocimiento geológico: cartografía geológica, geoquímica y geofísica.
  2. Actualizar e implementar el Catastro y Registro Minero, el SI Minero y el Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM)19. Estas deben ser herramientas funcionales, confiables y de fácil acceso y deben contener información detallada por mineral y a escalas apropiadas. Asimismo, deberán incluir información de las zonas excluidas y excluibles de la minería, de los títulos y las solicitudes vigentes, y demás datos que sean de interés para la institucionalidad minera, los inversionistas y la ciudadanía.
  3. Generar y capturar información proveniente de las empresas, para la planeación y el diseño de políticas del sector. Esto involucra la definición de grupos de interés, quiénes aportarán información, con qué periodicidad y con qué calidad, para así levantar de manera permanente información de la industria minera.
  4. Producir información para el conocimiento de la realidad del sector minero y de su importancia a nivel nacional y regional. En este punto se destaca la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

6.    Institucionalidad minera fortalecida y eficiente: Mejorar los niveles de eficiencia de la autoridad minera en aspectos como tiempos de respuesta y agilidad en los trámites. Esto repercutirá en aspectos claves como la respuesta oportuna, la fiscalización eficiente y diferenciada,la promoción y el fomento de la actividaden un marco de reglas claras para el inversionista, la presencia regional, la modernización del catastro minerocy la puesta en marcha de procesos de seleccióncen las áreas estratégicas.

Algunas acciones de este pilar son:

  1. Implementar procedimientos eficientes que permitan disminuir los tiempos de respuesta a las solicitudes y trámites presentados ante la autoridad minera.
  2. Resolver todas las solicitudes de legalizaciones presentadas ante la Autoridad Minera, con fundamento en la ley 685 de 2001 y el decreto 933 de 2013 a más tardar para el 5 de junio de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
  3. Mejorar el servicio al cliente a través del uso de herramientas o mecanismos que permitan dar información veraz y oportuna a los usuarios. Fortalecer la presencia regional de la autoridad minera a través de la participación activa en los espacios de acercamiento y relacionamiento con las autoridades y la comunidad.
  4. Aplicar el nuevo esquema de fiscalización, fiscalizando el 100% de los títulos registrados en el catastro minero, visitando según las prioridades del decreto 2504 de 2015. Asimismo, adelantar de manera eficiente y oportuna los actos administrativos y trámites que se generen como consecuencia de la actividad de fiscalización.