Expresión digital y soberanía judicial: normas constitucionales colombianas en el caso Esperanza Gómez

Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados

1. Introducción: un hito constitucional en la era digital

El 12 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo histórico que redefinió los límites de la gobernanza digital y reafirmó la aplicabilidad de los derechos constitucionales en el ciberespacio. El caso, presentado por la actriz e influencer digital Esperanza Gómez, impugnaba el cierre arbitrario de su cuenta de Instagram por parte de Meta Platforms Inc. Al restablecer su presencia digital, el Tribunal no solo protegió sus derechos individuales, sino que también estableció un marco constitucional para la responsabilidad de las plataformas, la supervisión judicial y la defensa de la libertad de expresión en industrias estigmatizadas.

2. Antecedentes: normas globales frente a garantías nacionales

La acción de tutela de Gómez puso de manifiesto la creciente tensión entre las políticas globales de moderación de contenidos y las protecciones constitucionales nacionales. Su equipo legal argumentó que la decisión de Meta violaba sus derechos a la libertad de expresión, la igualdad, el debido proceso y el trabajo. El Tribunal estuvo de acuerdo y concluyó que el cierre de la cuenta era discriminatorio y adolecía de deficiencias procesales.

Esta sentencia se basa en una serie de precedentes que han configurado la doctrina del Tribunal sobre los derechos digitales. En la sentencia T-155 de 2019, el Tribunal abordó el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor en el contexto de las redes sociales, haciendo hincapié en que la libertad de expresión digital goza de protección constitucional y solo debe restringirse bajo estrictos criterios de proporcionalidad.

En la sentencia T-124 de 2021, el Tribunal examinó la expresión religiosa de los funcionarios públicos en las plataformas digitales, reafirmando el principio de laicidad del Estado y la necesidad de garantizar la neutralidad en el discurso en línea. Más recientemente, la sentencia T-061 de 2024 abordó la cuestión de la moderación de contenidos transfóbicos, sosteniendo que las plataformas deben evitar la aplicación discriminatoria y garantizar que las comunidades vulnerables no sean silenciadas de manera desproporcionada.

En conjunto, estas sentencias reflejan una doctrina en evolución: las plataformas digitales, aunque son de propiedad privada, funcionan como foros cuasi públicos y deben respetar las normas constitucionales.

3. Aportaciones doctrinales: definición de los límites del poder de las plataformas

La opinión mayoritaria de la magistrada Natalia Ángel Cabo introdujo varios principios fundamentales que ahora guían la regulación constitucional de los espacios digitales:

En primer lugar, el Tribunal afirmó que las plataformas pueden ejercer la moderación de contenidos, pero que este poder debe ejercerse dentro de los límites constitucionales. La mera invocación de las «normas comunitarias» no justifica la supresión de la libertad de expresión protegida por la Constitución, especialmente cuando la aplicación es arbitraria o discriminatoria.

En segundo lugar, el Tribunal reafirmó la jurisdicción de los jueces colombianos sobre las violaciones de los derechos digitales, incluso cuando son cometidas por empresas extranjeras. Este principio de soberanía judicial garantiza que las protecciones constitucionales no se vean invalidadas por la naturaleza transnacional de las plataformas digitales.

En tercer lugar, el Tribunal declaró que la aplicación discriminatoria de las políticas de moderación, en particular contra profesiones estigmatizadas como el entretenimiento para adultos, es inconstitucional. La decisión hizo hincapié en que la libertad de expresión debe protegerse independientemente de la identidad o la ocupación del hablante.

Por último, el Tribunal extendió el principio del debido proceso a los entornos digitales. Los usuarios deben disponer de procedimientos claros de notificación, apelación y revisión judicial cuando se restrinjan sus cuentas o contenidos.

4. Órdenes estructurales: responsabilidad institucional y reforma

Más allá de la reparación individual, el Tribunal dictó órdenes estructurales destinadas a reformar las operaciones de Meta en Colombia. Entre ellas se incluyen:

• Traducir todas las políticas y directrices de la plataforma al español para garantizar la accesibilidad y la transparencia.
• Establecer un canal judicial para recibir y cumplir las órdenes judiciales.
• Revisar las políticas de moderación para eliminar el lenguaje y las prácticas discriminatorias.
• Crear mecanismos de apelación transparentes sujetos a supervisión judicial.
• Publicar la sentencia en el Centro de Transparencia de Meta para garantizar la concienciación pública.
• Solicitar una opinión consultiva a la Junta de Supervisión de Meta para evaluar las implicaciones más amplias del caso.

Estas medidas reflejan un cambio hacia una participación judicial proactiva en la gobernanza digital, posicionando a los tribunales constitucionales como actores clave en la regulación del comportamiento de las plataformas y la defensa de los derechos fundamentales.

5. Implicaciones más amplias: el derecho constitucional en un ecosistema digital transnacional

La sentencia Gómez plantea cuestiones críticas para los sistemas jurídicos de todo el mundo. ¿Cómo pueden los tribunales nacionales evitar que las normas comunitarias globales se conviertan en herramientas de censura? ¿Qué salvaguardias se necesitan para proteger a los usuarios de industrias estigmatizadas de una moderación arbitraria? ¿Cómo debe evolucionar el derecho constitucional para abordar la naturaleza transnacional de las plataformas digitales?

La respuesta del Tribunal es clara: al afirmar la soberanía judicial, exigir transparencia y defender la igualdad sustantiva, los tribunales constitucionales pueden configurar un ecosistema digital más justo y responsable. La decisión cuestiona la noción de que las plataformas digitales operan en un vacío legal y afirma que las protecciones constitucionales se extienden al ámbito digital.

6. Conclusión: hacia una jurisprudencia de los derechos digitales

La decisión del Tribunal Constitucional a favor de Esperanza Gómez marca un punto de inflexión en la jurisprudencia latinoamericana sobre derechos digitales. Afirma que las protecciones constitucionales no terminan en los límites de Internet y que la gobernanza de las plataformas debe estar sujeta a los principios del derecho público. A medida que los espacios digitales siguen evolucionando, esta sentencia proporciona un modelo fundamental para defender los derechos, regular la moderación y garantizar que la expresión en línea siga siendo libre, justa y protegida constitucionalmente.