Boletín octubre
Ministerio del Trabajo emite Circular 075 de 2025 para prevenir, identificar y atender situaciones de acoso laboral, acoso sexual y discriminación contra las personas trans, personas no binarias y de identidad de género no hegemónica.
El Ministerio del Trabajo insta a las instituciones y empresas a tomar medidas urgentes y conducentes para prevenir atender, sensibilizar y orientar a las, los y los trabajadores en materia de acoso laboral, acoso sexual, prevención de violencias y discriminaciones contra las personas que se identifican con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, siguiendo estas instrucciones:
- Hacer uso del nombre identitario y del pronombre con el que las personas se sienten identificadas, sin exigir modificación previa del documento de identidad, en los carnés, comunicaciones internas y externas, correspondencia, contratos, resoluciones, actas, certificados laborales y todo tipo de documento oficial en general. No hacerlo constituye una conducta discriminatoria de la identidad de género y puede ser considerada como acoso laboral.
- No se puede exigir tarjeta militar en el caso de las mujeres trans para ser contratadas o permanecer en el puesto de trabajo. En el caso de los hombres trans, la exigencia de la tarjeta militar no puede constituirse en un obstáculo para ingresar a un empleo.
- Las personas trans tienen el derecho a utilizar el uniforme y vestimenta de dotación que consideren acorde a la identidad de género con la que se sienten identificadas.
- En el caso en que los baños se encuentren separados para hombres y mujeres, las personas trans tienen el derecho de hacer uso del baño de acuerdo con el género con el que se sienten identificados.
- Son tratos notoriamente discriminatorios el invisibilizar u ocultar a personas trans, personas no binarias y de género no hegemónico, con conductas tales como, no hacerlos parte de las actividades de bienestar, relegarlos a espacios confinados, no convocarlos a reuniones de trabajo o quitarle funciones para las que fueron contratadas sin justificación aparente.
- Se reitera que es considerado acoso laboral desde la Ley 1010 de 2006, el realizar comentarios jocosos, chistes o bromas en razón de la identidad de género de las personas trans, personas no binarias y de género no hegemónico.
- Establecer procesos de selección inclusivos y sin discriminación, buscando superar los estereotipos y prejuicios de género sobre esta población, para lo cual, se recomienda: capacitación al personal involucrado en el proceso; evaluar los procesos para identificar posibles sesgos de género; revisar las ofertas de empleo para evitar que las descripciones de puesto puedan ser discriminatorias, utilizando un lenguaje incluyente y; publicar sus vacantes en el Servicio Público de Empleo a través de la Red de Prestadores
Acciones que deben adoptar las empresas para su implementación:
- Formar a los miembros que integran los Comités de Convivencia Laboral.
- Incluir un enfoque diferencial que reconozca a las personas trans, personas no binarias y de género no hegemónico en las políticas, protocolos y rutas de atención que establezcan contra el acoso sexual.
- Incorporar programas de sensibilización sobre la diversidad de género.
- Implementación de mecanismos para la denuncia de actos de discriminación, que permitan una atención eficaz a las víctimas en los procedimientos de quejas y actuación del Comité de Convivencia.
Mediante la Ley 2540 de 2025 se introduce la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos, con el objetivo de contribuir a la descongestión del sistema judicial.
Objeto: Con la expedición de esta ley, ahora podrán someterse a arbitraje los procesos ejecutivos, siempre que exista pacto arbitral. La misma ley dispone de manera expresa que, el proceso ejecutivo arbitral será institucional y se aplicará a cualquier tipo de ejecución, y en ningún caso podrá darse la figura del arbitraje ad hoc. El laudo arbitral será proferido en derecho. Por consiguiente, se tendrá por no escrito el acuerdo referido a un laudo en equidad o técnico.
De igual forma, podrá someterse al mismo tribunal arbitral la ejecución de laudos arbitrales nacionales, excepto los dictados en arbitrajes internacionales cuya sede sea Colombia, mientras la ejecución de laudos arbitrales en contra de entidades públicas o de particulares que ejercen funciones administrativas no se podrá adelantar ante los mismos árbitros que los profirieron.
Características del pacto arbitral: Es un negocio jurídico mediante el cual las partes se obligan a someter al arbitraje la ejecución de títulos ejecutivos y las controversias derivadas del negocio subyacente del título afecto al pacto. Este puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria, y no podrá formar parte de un título valor que se invoque como título ejecutivo, caso en el cual, deberá, necesariamente, constar en un compromiso plasmado en un documento anexo a él o separado de él.
Procedimiento: Los centros de arbitraje podrán incorporar en sus reglamentos las reglas de procedimiento para el arbitraje ejecutivo y para la práctica de medidas cautelares previas, respetando las garantías mínimas al debido proceso.
Contra el laudo arbitral ejecutivo procede el recurso extraordinario de anulación.
Término: Si en el pacto arbitral no se establece el término de duración del proceso, este será hasta de doce (12) meses, contados a partir de expedición del auto de fijación del litigio, decreto de pruebas y aprobación de la liquidación del crédito.
Tarifas: El Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentará las tarifas de los honorarios de los árbitros ejecutores, de los de medidas cautelares previas, de los árbitros ejecutores de los laudos y de los gastos administrativos que le correspondan al centro.
Medidas de protección en favor de los consumidores: La presente ley no solo regula el procedimiento del proceso arbitral ejecutivo, sino que introduce las siguientes medidas de protección de los derechos de los consumidores:
- En los contratos celebrados con consumidores en los que se estipule un pacto arbitral o en relación con los cuales se pacte arbitraje se deberá suministrar al consumidor información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los efectos y alcances del pacto arbitral y del proceso arbitral ejecutivo.
- En caso de incumplimiento de este deber por parte de la entidad, el consumidor no quedará obligado por el pacto arbitral, salvo que éste decida acudir al arbitraje o, habiendo sido convocado a un tribunal arbitral, no invoque la ineficacia del pacto. Además, las entidades financieras se exponen a sanciones de la Superintendencia Financiera en caso de incumplimiento.
- Así mismo, la aceptación por parte del consumidor del pacto arbitral deberá ser especificada en la solicitud del crédito de forma independiente y no podrá ser un requisito o condición para el otorgamiento o desembolso del crédito, ni sujetar las decisiones de las condiciones del crédito basados en la aceptación o no del pacto arbitral.
- En consecuencia, la simple aceptación de los términos y condiciones en las relaciones de consumo no se considerará un pacto arbitral. Este deberá ser expreso, claro y reflejar la voluntad libre e informada del consumidor.
- En el marco del proceso arbitral, se deberá observar el carácter irrenunciable de los derechos de los consumidores, lo que implica que ninguna cláusula del pacto arbitral o disposición de este trámite podrá interpretarse en perjuicio de dichos derechos.
Derecho de retracto frente al pacto arbitral: En los contratos celebrados con consumidores de servicios financieros mediante contratos de adhesión o condiciones generales en los que se incluya pacto arbitral, se entenderá incorporado el derecho de retracto del consumidor respecto de dicho pacto, el cual deberá ser ejercido dentro de los 60 días siguientes al desembolso del crédito o del momento en que se empezaron a cumplir las obligaciones a favor del consumidor, salvo que no se incluya de forma expresa este derecho en el pacto arbitral, caso en el cual, no tendrá limitación temporal para su ejercicio y podrá ejercerse hasta el vencimiento del término para formular excepciones de mérito en el respectivo proceso arbitral.
Prohibiciones Generales:
- Los procedimientos regulados en la presente ley, al tratarse de ejecuciones con medidas cautelares, serán reservados.
- Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las asociaciones y redes de pagos electrónicos, las personas jurídicas o naturales cuya actividad principal sea otorgar préstamos de dinero, no podrán participar a ningún título en la creación, desarrollo o funcionamiento de las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro que creen centros de arbitraje que administren el proceso arbitral ejecutivo.
Arbitraje social de ejecución. Los centros de arbitraje deberán promover el arbitraje social de ejecución y facilitar el acceso a la prestación gratuita del servicio de este tipo de arbitraje para obligaciones de mínima cuantía, sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por cantidades superiores.
Vigencia. La presente ley empezará a regir seis (6) meses después de su promulgación, esto es, el 26 de febrero de 2026.
Desafíos legales y vías estratégicas para la protección de la biodiversidad en Colombia: hacia una transición económica verde
Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
I. Introducción
El marco constitucional de Colombia establece la protección de la biodiversidad como un deber fundamental del Estado y un derecho de todos los ciudadanos (derecho fundamental y colectivo). Como uno de los países con mayor megadiversidad del mundo, Colombia se enfrenta a un complejo desafío jurídico y político: cómo conciliar su riqueza ecológica con las exigencias del crecimiento económico, el comercio internacional y el desarrollo rural. La expansión de la frontera agrícola, la aparición de mercados bioeconómicos y el auge del ecoturismo como herramienta de financiación de la conservación exigen una respuesta jurídica coherente.
Este artículo examina los mecanismos normativos, institucionales y fiscales necesarios para transformar la biodiversidad de un activo vulnerable en un pilar estratégico de la transición económica verde de Colombia.
II. Frontera agrícola e instrumentos jurídicos para el uso sostenible de la tierra
La reciente actualización de la frontera agrícola de Colombia revela un total de 42,9 millones de hectáreas, una cifra que subraya tanto la magnitud del potencial productivo como la urgencia de una intervención legal. Dentro de esta frontera se encuentran vastas áreas de suelos degradados o infrautilizados que, si se reconvierten bajo marcos legales adecuados, podrían sustentar sistemas agroforestales, modelos silvopastoriles y cultivos perennes como el cacao, el caucho, el aceite de palma certificado y la madera de ciclo largo. Estas transiciones no son meras innovaciones agronómicas, sino transformaciones legales que requieren regulaciones de zonificación, licencias ambientales e instrumentos de planificación del uso de la tierra alineados con la Ley 99 de 1993 y los mandatos del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA).
La justificación jurídica para promover estas transiciones se basa en su capacidad para reducir la deforestación, aumentar la productividad por hectárea y permitir el acceso a mercados internacionales que exigen una sostenibilidad verificable. El Reglamento de la Unión Europea sobre la Deforestación (EUDR), que se aplicará a las grandes empresas colombianas en 2025 y a las pequeñas y medianas empresas colombianas en 2026, impone estrictas obligaciones de diligencia debida a los importadores de productos básicos como el aceite de palma, la soja, el cacao y la madera. Por lo tanto, los productores colombianos deben adoptar sistemas de certificación y protocolos de trazabilidad legalmente reconocidos para seguir siendo competitivos y cumplir con la normativa.
III. Sistemas de certificación: relevancia jurídica, complejidad operativa e integración en el mercado
Los sistemas de certificación se entienden cada vez más no como normas voluntarias, sino como instrumentos jurídicos de acceso al mercado y cumplimiento de las normas medioambientales. Colombia debe institucionalizar y ampliar múltiples sistemas de certificación, cada uno con requisitos jurídicos, técnicos y operativos distintos. La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), por ejemplo, exige a los productores que demuestren transparencia, responsabilidad medioambiental y respeto por los derechos de la comunidad. Esto implica la verificación legal de la tenencia de la tierra, el cumplimiento de los protocolos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la alineación e e con las leyes forestales y medioambientales nacionales. En regiones como Meta y Chocó, donde la expansión de la palma se cruza con territorios étnicos y zonas posconflicto, la certificación RSPO debe ir acompañada de sólidas garantías legales para evitar el despojo de tierras y la degradación ecológica.
Del mismo modo, la certificación Bonsucro para la producción de caña de azúcar hace hincapié en la productividad, los derechos laborales y el impacto ambiental. En Colombia, su implementación debe sortear las complejidades del cumplimiento de la legislación laboral, los permisos de uso del agua y la regulación de los plaguicidas bajo la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La Mesa Redonda sobre la Soja Responsable (RTRS), que exige una producción sin OGM, cero deforestación y responsabilidad social, plantea retos jurídicos adicionales, en particular en lo que se refiere a la armonización de sus normas con el marco regulador colombiano sobre organismos modificados genéticamente y evaluaciones de impacto ambiental.
VI. Trazabilidad y gobernanza de datos: creación de una base jurídica para la sostenibilidad
La trazabilidad es el eje legal de la certificación. Sin sistemas sólidos para georreferenciar las parcelas, supervisar la producción y verificar el cumplimiento, las certificaciones pierden credibilidad y aplicabilidad legal. Colombia debe legislar un sistema nacional de trazabilidad que incluya la cartografía geoespacial obligatoria de las parcelas de producción, vinculada a los registros catastrales y ambientales. Este sistema debe garantizar la interoperabilidad entre los conjuntos de datos públicos —como los gestionados por el IGAC, el ICA y la ANLA— y los datos del sector privado, respetando al mismo tiempo los principios de protección de datos consagrados en la Ley 1581 de 2012.
Los protocolos de verificación deben estar estandarizados y reconocidos legalmente, incluyendo auditorías de terceros, tecnologías de teledetección y sistemas basados en cadenas de bloques. Estos mecanismos deben estar regulados por la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los consumidores. Es fundamental que el marco jurídico incluya incentivos y asistencia técnica para los pequeños y medianos productores, que corren el riesgo de quedar excluidos de los mercados formales debido a los altos costos y la complejidad del cumplimiento. Esto incluye sistemas de certificación subvencionados, procedimientos de notificación simplificados y protecciones legales contra las prácticas discriminatorias del mercado.
V. Bioeconomía: instrumentos jurídicos para la innovación, la equidad y el acceso al mercado
La riqueza biológica de Colombia ofrece una oportunidad única para desarrollar una bioeconomía centrada en ingredientes naturales, insumos biológicos, biomateriales y compuestos bioactivos para la salud y la cosmética. Para aprovechar este potencial, el Estado debe promulgar y hacer cumplir instrumentos jurídicos que promuevan la protección de la propiedad intelectual, el acceso y la distribución de beneficios (ABS) y las asociaciones público-privadas. El marco jurídico debe garantizar que las patentes y los derechos sobre las variedades vegetales de los compuestos bioactivos estén protegidos en virtud de la Decisión Andina 486 y la legislación nacional sobre propiedad intelectual, al tiempo que se garantiza que las comunidades se beneficien de la comercialización de los recursos genéticos de conformidad, entre otros, con el Protocolo de Nagoya.
Las asociaciones público-privadas deben estar estructuradas legalmente para facilitar la coinversión en investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e incubación de empresas bioeconómicas. Esto requiere la articulación de planes sectoriales, documentos CONPES (documentos de política pública) e incentivos fiscales para la innovación. También es esencial la simplificación normativa: deben simplificarse los procedimientos de registro de insumos biológicos y productos naturales en el INVIMA y el ICA para reducir las barreras de entrada al mercado.
VI. Ecoturismo y conservación: diseño y aplicación de la normativa
El ecoturismo, cuando se estructura legalmente, puede servir como mecanismo financiero para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo inclusivo. Los componentes legales deben incluir límites exigibles a la capacidad de visitantes por destino, planes de gestión ambiental vinculantes y normas para el diseño de infraestructuras, la gestión de residuos y el uso del agua.
Las cadenas de valor locales deben incentivarse legalmente mediante beneficios fiscales, programas de capacitación y acceso preferencial a las áreas protegidas. Deben establecerse mecanismos de supervisión y aplicación para prevenir las prácticas turísticas depredadoras que degradan los ecosistemas y el valor reputacional. Las áreas protegidas, los territorios indígenas y las reservas privadas deben regirse por normas legales claras que equilibren el acceso con la conservación. El turismo de naturaleza, si se estructura legalmente, puede convertirse en un mecanismo de autofinanciación para la protección de los ecosistemas y un generador de empleo digno.
VII. Mecanismos de financiación: hacia un fondo verde legalmente obligatorio
La financiación de la biodiversidad requiere un diseño jurídico sobrio. Colombia puede reservar una parte de los ingresos adicionales procedentes de la minería legal y de los impuestos previstos para la transición energética para un fondo verde nacional. Este fondo debería tener el mandato legal de apoyar los pagos por servicios ambientales (PES), las subvenciones para la certificación y la trazabilidad, la restauración de cuencas hidrográficas y el control territorial contra la ilegalidad. Los costos de certificación y trazabilidad deben cofinanciarse mediante instrumentos jurídicos que promuevan la equidad y la inclusión. Las inversiones en infraestructura ecológica deben estar reguladas por la Ley 99 de 1993 y la Política Nacional de Aguas, mientras que el control territorial debe estar respaldado por marcos legales para fiscales ambientales, guardabosques y monitores comunitarios.
VIII. Conclusión: legislar la transición verde
Para consolidar la transición de Colombia hacia una economía basada en la biodiversidad, el país debe adoptar una hoja de ruta jurídica estructurada que articule la reforma normativa, el fortalecimiento institucional y la innovación fiscal. Esta hoja de ruta debe basarse en mandatos constitucionales, obligaciones internacionales y prioridades de desarrollo nacionales, y debe aplicarse mediante acciones coordinadas de los poderes legislativo, ejecutivo y territorial.
Colombia debe promulgar una ley nacional sobre la transición hacia el uso sostenible de la tierra, que establezca criterios legales para la reconversión de suelos degradados en sistemas agroforestales, silvopastoriles y de cultivos perennes. Esta ley debe definir las condiciones de elegibilidad, las salvaguardias ambientales y los incentivos para los productores que adopten prácticas de deforestación cero. También debe incorporar mecanismos para el reconocimiento legal de los sistemas de certificación y su integración en los protocolos de concesión de licencias ambientales y comercio.
El país debe legislar la creación de una infraestructura nacional de certificación y trazabilidad. Esto incluye el reconocimiento legal de normas internacionales como RSPO, Bonsucro y RTRS, y el establecimiento de un registro público de productores certificados. Una ley complementaria debe exigir la creación de un sistema nacional de trazabilidad, con disposiciones para la cartografía geoespacial, la interoperabilidad de los datos y la verificación por terceros, garantizando el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre la deforestación y otros requisitos comerciales emergentes.
Colombia debe adoptar un marco jurídico para la promoción de la bioeconomía. Esto incluye leyes sobre la protección de la propiedad intelectual de los compuestos bioactivos, mecanismos de acceso y distribución de beneficios alineados con el Protocolo de Nagoya e incentivos fiscales para la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología. El marco también debe incluir vías reglamentarias simplificadas para el registro y la comercialización de insumos biológicos y productos naturales, en particular para las pequeñas y medianas empresas.
El país debe reformar sus leyes de turismo y conservación para permitir que el ecoturismo sea un mecanismo legalmente estructurado de financiación de la conservación. Esto implica actualizar la legislación medioambiental y turística para incluir límites exigibles a la capacidad de visitantes, planes obligatorios de gestión medioambiental y normas para la infraestructura y la prestación de servicios. Los instrumentos legales también deben promover las empresas turísticas comunitarias y garantizar un acceso equitativo a las áreas protegidas.
Colombia debe legislar la creación de un fondo verde nacional, financiado mediante una fracción legalmente asignada de los ingresos procedentes de los impuestos legales sobre la minería y la transición energética. Este fondo debe regirse por una ley específica que defina sus objetivos, su estructura de gobernanza y los gastos subvencionables, incluidos los pagos por servicios ambientales, las subvenciones para la certificación y la trazabilidad, la restauración de cuencas hidrográficas y el control territorial contra los delitos ambientales.
La hoja de ruta debe incluir disposiciones transversales para la coordinación institucional, el desarrollo de capacidades y la participación pública. Esto incluye el establecimiento de comités intersectoriales, mandatos legales de transparencia y rendición de cuentas, y mecanismos de consulta con las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.
En resumen, la biodiversidad de Colombia debe protegerse no solo mediante declaraciones políticas, sino también mediante instrumentos jurídicos aplicables que concilien la integridad ecológica con las oportunidades económicas. La transición hacia una economía verde requiere un marco jurídico sólido que transforme la biodiversidad en una fuente de productividad, equidad y resiliencia. Ha llegado el momento de legislar ese futuro.
COLOMBIA: jurisprudencia reciente sobre contratos de agencia comercial frente a contratos de distribución
Gabriela MANCERO-BUCHELI | COLOMBIA
En uno de los casos más recientes sobre contratos de agencia comercial en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá aclaró que el riesgo económico no excluye, por sí solo, la existencia de una agencia comercial. Sin embargo, es un factor determinante cuando se acompaña de independencia operativa, libertad para fijar precios y ausencia de instrucciones por parte del contratista.
En este artículo se analizará la resolución n.º 11001 3103 045 2021 00461 01 del Tribunal Superior de Bogotá, dictada el 12 de mayo de 20251.1
Antecedentes del caso
MTBASE S.A.S. interpuso una demanda contra SAP Colombia S.A.S., alegando que existía un contrato de agencia comercial entre ambas empresas con una vigencia ininterrumpida, continua e indefinida desde el 2 de junio de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2019.
La demandante argumentó que se daban los elementos esenciales de un contrato de agencia, afirmando que se le había encomendado la promoción y el posicionamiento en el mercado del producto, además de llevar a cabo funciones técnicas asociadas a la comercialización de licencias de software.
Sentencia en primera instancia
El Juzgado 45.º de lo Civil del Circuito de Bogotá falló a favor del demandante, al considerar que el objetivo principal de los contratos era la distribución de software para su reventa, lo que podía incluir servicios de asistencia y complementarios ofrecidos directamente por el demandante. El tribunal también señaló que ninguna cláusula contractual imponía al demandante la obligación de actuar en nombre del demandado con el fin de posicionar o hacer crecer el negocio en el mercado del software, ni había pruebas de que el demandante realizara actividades de desarrollo de mercado en beneficio del demandado.
Apelación
El demandante apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que, dado que el contrato de agencia comercial se refería a obras o creaciones artísticas (software), la transacción legal debería haberse registrado en la Oficina Nacional del Derecho de Autor, lo que demuestra que el demandante nunca operó como una entidad jurídica separada del demandado. Además, el soporte técnico proporcionado por el demandante a los clientes se prestaba tras la formación impartida por el demandado, lo que sugiere que «no había distinción entre el demandante y el demandado desde la perspectiva de los clientes y el mercado».
Análisis del Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior de Bogotá analizó las pruebas y concluyó que, contrariamente a lo que sugiere el apelante, el expediente del caso muestra que el comportamiento contractual de las partes, que se prolongó durante 26 años, es coherente con la naturaleza y el contenido de un contrato de distribución.
El Tribunal concluyó que se había demostrado que el demandante asumió los riesgos inherentes a la compra para la reventa, lo que socavaba tanto la promoción del negocio de otro como la recepción de una remuneración, elementos intrínsecos a un contrato de agencia comercial. Esto quedó demostrado por las facturas de venta que mostraban que los clientes adquirían las licencias de software directamente del demandante. En consecuencia, el demandado no pagó comisiones al apelante, sino que su remuneración se derivaba de la diferencia entre el precio de compra de las licencias de software y el precio de reventa más alto cobrado a los consumidores.
La decisión establecía lo siguiente:
«No es sin razón que la jurisprudencia haya destacado que, «aunque los elementos esenciales de la agencia se han identificado como la permanencia o estabilidad de la asignación, la independencia del agente y las funciones de intermediación destinadas a adquirir, retener, ampliar o recuperar clientes para el mandante, gran parte de la doctrina coincide en que es la promoción de la conclusión de negocios —en la que el mandante asume el riesgo económico— lo que constituye el contenido típico que distingue el contrato de agencia de otros acuerdos contractuales, ya que los demás elementos también pueden estar presentes en diferentes tipos de acuerdos (…).» Actuar en nombre y por cuenta de un tercero ha sido destacado por la jurisprudencia de esta Sala como la característica más decisiva para determinar si el contrato que vincula a las partes constituye un contrato de agencia comercial. (CSJ, sentencia de 30 de septiembre de 2015, expediente 2004 00027)».
El Tribunal también hizo hincapié en que no existe ningún documento escrito ni prueba que respalde las alegaciones del demandante. Por el contrario, hay abundantes pruebas documentales, incluidas facturas de compra, que respaldan la conclusión del juez de primera instancia de que el demandante actuó principalmente comprando productos de SAP COLOMBIA S.A.S. para revenderlos a terceros.
Además, como se ha señalado anteriormente, las pruebas demuestran que MTBASE S.A.S. guardó silencio durante más de dos décadas, aceptando así implícitamente la prestación de servicios propios de un contrato de distribución de licencias de software, en lugar de los propios de una agencia comercial. Esta conducta es contraria a principios jurídicos fundamentales, como la prohibición de actuar en contradicción con la propia conducta anterior (venire contra factum proprium).
Conclusión
El Tribunal concluyó que no existía ningún acuerdo de agencia comercial entre las partes, ya que el demandante actuaba como distribuidor independiente, no recibía ninguna remuneración del demandado, ya que sus beneficios no procedían de una comisión, sino del margen entre los precios de compra y reventa, y asumía todos los riesgos comerciales. Además, el demandante compraba las licencias directamente al demandado y las revendía bajo su propio nombre, sin ningún mandato de representación o dirección por parte del demandado.
La decisión enfatizó claramente que el riesgo económico no es incidental, sino un elemento esencial, ya que su presencia continua impide la existencia de una relación de agencia.
Gabriela Mancero-Bucheli, experta nacional del IDI en materia de agencia y distribución en Colombia
Andrea Sánchez Gallardo
- El demandante interpuso un recurso de casación contra esta decisión y el caso está actualmente pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia.
Expresión digital y soberanía judicial: normas constitucionales colombianas en el caso Esperanza Gómez
Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
1. Introducción: un hito constitucional en la era digital
El 12 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo histórico que redefinió los límites de la gobernanza digital y reafirmó la aplicabilidad de los derechos constitucionales en el ciberespacio. El caso, presentado por la actriz e influencer digital Esperanza Gómez, impugnaba el cierre arbitrario de su cuenta de Instagram por parte de Meta Platforms Inc. Al restablecer su presencia digital, el Tribunal no solo protegió sus derechos individuales, sino que también estableció un marco constitucional para la responsabilidad de las plataformas, la supervisión judicial y la defensa de la libertad de expresión en industrias estigmatizadas.
2. Antecedentes: normas globales frente a garantías nacionales
La acción de tutela de Gómez puso de manifiesto la creciente tensión entre las políticas globales de moderación de contenidos y las protecciones constitucionales nacionales. Su equipo legal argumentó que la decisión de Meta violaba sus derechos a la libertad de expresión, la igualdad, el debido proceso y el trabajo. El Tribunal estuvo de acuerdo y concluyó que el cierre de la cuenta era discriminatorio y adolecía de deficiencias procesales.
Esta sentencia se basa en una serie de precedentes que han configurado la doctrina del Tribunal sobre los derechos digitales. En la sentencia T-155 de 2019, el Tribunal abordó el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor en el contexto de las redes sociales, haciendo hincapié en que la libertad de expresión digital goza de protección constitucional y solo debe restringirse bajo estrictos criterios de proporcionalidad.
En la sentencia T-124 de 2021, el Tribunal examinó la expresión religiosa de los funcionarios públicos en las plataformas digitales, reafirmando el principio de laicidad del Estado y la necesidad de garantizar la neutralidad en el discurso en línea. Más recientemente, la sentencia T-061 de 2024 abordó la cuestión de la moderación de contenidos transfóbicos, sosteniendo que las plataformas deben evitar la aplicación discriminatoria y garantizar que las comunidades vulnerables no sean silenciadas de manera desproporcionada.
En conjunto, estas sentencias reflejan una doctrina en evolución: las plataformas digitales, aunque son de propiedad privada, funcionan como foros cuasi públicos y deben respetar las normas constitucionales.
3. Aportaciones doctrinales: definición de los límites del poder de las plataformas
La opinión mayoritaria de la magistrada Natalia Ángel Cabo introdujo varios principios fundamentales que ahora guían la regulación constitucional de los espacios digitales:
En primer lugar, el Tribunal afirmó que las plataformas pueden ejercer la moderación de contenidos, pero que este poder debe ejercerse dentro de los límites constitucionales. La mera invocación de las «normas comunitarias» no justifica la supresión de la libertad de expresión protegida por la Constitución, especialmente cuando la aplicación es arbitraria o discriminatoria.
En segundo lugar, el Tribunal reafirmó la jurisdicción de los jueces colombianos sobre las violaciones de los derechos digitales, incluso cuando son cometidas por empresas extranjeras. Este principio de soberanía judicial garantiza que las protecciones constitucionales no se vean invalidadas por la naturaleza transnacional de las plataformas digitales.
En tercer lugar, el Tribunal declaró que la aplicación discriminatoria de las políticas de moderación, en particular contra profesiones estigmatizadas como el entretenimiento para adultos, es inconstitucional. La decisión hizo hincapié en que la libertad de expresión debe protegerse independientemente de la identidad o la ocupación del hablante.
Por último, el Tribunal extendió el principio del debido proceso a los entornos digitales. Los usuarios deben disponer de procedimientos claros de notificación, apelación y revisión judicial cuando se restrinjan sus cuentas o contenidos.
4. Órdenes estructurales: responsabilidad institucional y reforma
Más allá de la reparación individual, el Tribunal dictó órdenes estructurales destinadas a reformar las operaciones de Meta en Colombia. Entre ellas se incluyen:
- Traducir todas las políticas y directrices de la plataforma al español para garantizar la accesibilidad y la transparencia.
- Establecer un canal judicial para recibir y cumplir las órdenes judiciales.
- Revisar las políticas de moderación para eliminar el lenguaje y las prácticas discriminatorias.
- Crear mecanismos de apelación transparentes sujetos a supervisión judicial.
- Publicar la sentencia en el Centro de Transparencia de Meta para garantizar la concienciación pública.
- Solicitar una opinión consultiva a la Junta de Supervisión de Meta para evaluar las implicaciones más amplias del caso.
Estas medidas reflejan un cambio hacia una participación judicial proactiva en la gobernanza digital, posicionando a los tribunales constitucionales como actores clave en la regulación del comportamiento de las plataformas y la defensa de los derechos fundamentales.
5. Implicaciones más amplias: el derecho constitucional en un ecosistema digital transnacional
La sentencia Gómez plantea cuestiones críticas para los sistemas jurídicos de todo el mundo. ¿Cómo pueden los tribunales nacionales evitar que las normas comunitarias globales se conviertan en herramientas de censura? ¿Qué salvaguardias se necesitan para proteger a los usuarios de industrias estigmatizadas de una moderación arbitraria? ¿Cómo debe evolucionar el derecho constitucional para abordar la naturaleza transnacional de las plataformas digitales?
La respuesta del Tribunal es clara: al afirmar la soberanía judicial, exigir transparencia y defender la igualdad sustantiva, los tribunales constitucionales pueden configurar un ecosistema digital más justo y responsable. La decisión cuestiona la noción de que las plataformas digitales operan en un vacío legal y afirma que las protecciones constitucionales se extienden al ámbito digital.
6. Conclusión: hacia una jurisprudencia de los derechos digitales
La decisión del Tribunal Constitucional a favor de Esperanza Gómez marca un punto de inflexión en la jurisprudencia latinoamericana sobre derechos digitales. Afirma que las protecciones constitucionales no terminan en los límites de Internet y que la gobernanza de las plataformas debe estar sujeta a los principios del derecho público. A medida que los espacios digitales siguen evolucionando, esta sentencia proporciona un modelo fundamental para defender los derechos, regular la moderación y garantizar que la expresión en línea siga siendo libre, justa y protegida constitucionalmente.
Del Código a la Constitución: La Constitucionalización de la Inteligencia Artificial en la Jurisprudencia Colombiana
Por Daniel Peña Valenzuela, Socio de Peña Mancero Abogados
Introducción
La creciente incorporación de tecnologías digitales en la administración pública y en los procesos judiciales ha obligado a las cortes constitucionales del mundo a enfrentar dilemas jurídicos inéditos. En Colombia, la Corte Constitucional ha comenzado a delinear un marco normativo para la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) mediante las sentencias T-323 de 2024 y T-067 de 2025. Estas decisiones no se limitan a regular herramientas tecnológicas: inauguran un proceso de constitucionalización, en el cual los sistemas algorítmicos y las funcionalidades digitales son interpretados a la luz de los derechos fundamentales y los principios democráticos, propios del Estado Social de Derecho.
Este artículo ofrece un análisis descriptivo e interpretativo de ambas sentencias, situándolas en el contexto de los debates contemporáneos sobre transparencia, rendición de cuentas y el despliegue ético de la IA en funciones estatales. Asimismo, explora cómo estas decisiones reflejan una imaginación constitucional emergente que busca reconciliar la innovación tecnológica con los imperativos de justicia, inclusión y legitimidad institucional.
1. Sentencia T-323 de 2024: Opacidad Algorítmica y el Derecho al Debido Proceso
La sentencia T-323 es el resultado de una acción de tutela relacionada con el uso de decisiones algorítmicas en la asignación de servicios de salud. El accionante alegó que la opacidad del sistema y la falta de explicabilidad vulneraban su derecho al debido proceso y a la igualdad. En respuesta, la Corte reconoció que cuando las herramientas algorítmicas son utilizadas por entidades públicas, adquieren un carácter cuasi-institucional y, por tanto, deben someterse al escrutinio constitucional.
La decisión enfatizó la necesidad de transparencia algorítmica, afirmando que los individuos afectados por decisiones automatizadas deben poder comprender la lógica y los datos que sustentan dichos resultados. Además, la Corte introdujo el principio de responsabilidad tecnológica, exigiendo a las instituciones públicas la divulgación de los parámetros operativos de los sistemas de IA y la garantía de que estos no reproduzcan sesgos discriminatorios.
Esta sentencia redefine las herramientas digitales no como instrumentos neutrales, sino como actores constitucionales cuyo diseño e implementación deben alinearse con los valores de dignidad, igualdad y justicia procesal. También marca un giro en la jurisprudencia hacia una postura proactiva en materia de derechos digitales, reconociendo que la gobernanza algorítmica debe estar sujeta a control democrático y garantías legales.
2. Sentencia T-067 de 2025: Analítica Predictiva y Discrecionalidad Judicial
En la sentencia T-067, la Corte abordó el uso de analítica predictiva en decisiones de detención preventiva. El caso planteó preocupaciones sobre el grado en que las evaluaciones de riesgo algorítmicas podrían influir en la discrecionalidad judicial y socavar la presunción de inocencia. La Corte determinó que, si bien estas herramientas pueden ofrecer eficiencias operativas, deben permanecer subordinadas a las garantías constitucionales y al control humano.
La sentencia introdujo el concepto de interoperabilidad constitucional, exigiendo que los sistemas digitales utilizados en el ámbito judicial sean diseñados para salvaguardar derechos como la impugnabilidad, la transparencia y el acceso a recursos efectivos. De manera crucial, la Corte reafirmó que la IA no puede reemplazar el razonamiento judicial, y que cualquier asistencia tecnológica debe ser auditable y susceptible de contradicción.
Esta decisión refuerza los límites normativos dentro de los cuales la IA puede operar en contextos jurídicos, protegiendo la integridad de los procesos judiciales frente a los riesgos de automatización y reduccionismo tecnocrático. También refleja una preocupación más amplia por preservar la dimensión humana de la justicia, especialmente en escenarios donde están en juego la libertad y el debido proceso.
3. Implicaciones Teóricas e Institucionales
Ambas sentencias pueden ser interpretadas desde la teoría crítica del derecho, que destaca el papel del derecho en la reproducción o cuestionamiento de estructuras de poder. Desde una perspectiva feminista o decolonial, la insistencia de la Corte en la transparencia y la impugnabilidad puede entenderse como una respuesta a las asimetrías estructurales incrustadas en los sistemas algorítmicos—muchos de los cuales son diseñados y operados por actores privados con escasa rendición de cuentas.
Asimismo, las decisiones plantean interrogantes sobre la capacidad institucional. La Corte llama implícitamente a las entidades públicas a desarrollar competencias técnicas y marcos regulatorios que aseguren la conformidad de los sistemas de IA con los estándares constitucionales. Esto requiere no solo reformas legales, sino también colaboración interdisciplinaria entre juristas, tecnólogos, éticos y actores de la sociedad civil.
Las sentencias también sugieren una redefinición de la subjetividad constitucional. Al tratar los sistemas algorítmicos como entidades que deben ajustarse a normas constitucionales, la Corte amplía el alcance del derecho constitucional para incluir actores no humanos y procesos de decisión híbridos. Este gesto posthumanista desafía las nociones tradicionales de agencia y responsabilidad, invitando a nuevas formas de razonamiento jurídico adaptadas a las complejidades de la gobernanza digital.
Conclusión: Hacia un Constitucionalismo Digital Basado en Derechos
Consideradas en conjunto, las sentencias T-323 y T-067 representan un momento fundacional en la gobernanza constitucional de la inteligencia artificial en Colombia. Al incorporar las herramientas digitales dentro de la arquitectura de los derechos constitucionales, la Corte promueve un modelo de constitucionalismo digital basado en derechos—uno que exige transparencia, responsabilidad y diseño ético en el despliegue de sistemas algorítmicos.
Estas decisiones posicionan a Colombia como referente regional en la regulación de tecnologías emergentes, ofreciendo orientación jurisprudencial para otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares. Más allá de ello, las sentencias invitan a académicos, tecnólogos y formuladores de políticas públicas a reconceptualizar el papel del derecho constitucional no solo como mecanismo reactivo, sino como marco proactivo para moldear el futuro digital conforme a valores democráticos y principios de justicia social.
Al hacerlo, la Corte afirma que el derecho constitucional debe evolucionar en paralelo con el cambio tecnológico, no solo para proteger los derechos individuales, sino también para preservar la legitimidad y capacidad de respuesta de las instituciones públicas. La constitucionalización de la IA no es simplemente una innovación jurídica—es una necesidad democrática.
Comparativo normativo 2025: protección de datos Fintech (sic) vs. open finance (minhacienda) en Colombia
Lineamientos sobre Datos Financieros en el Ecosistema Fintech Colombiano (2025)
Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
Introducción
En el contexto de la transformación digital del sistema financiero colombiano, la regulación del tratamiento de datos personales adquiere una relevancia estratégica. El 6 de mayo de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó un proyecto de circular externa orientado a establecer lineamientos específicos para el manejo de datos personales por parte de actores del ecosistema fintech. Aunque esta iniciativa se presenta como una medida para fortalecer la protección de los derechos de los titulares, su contenido ha suscitado un debate significativo respecto a su compatibilidad con el modelo de finanzas abiertas (open finance) promovido por el Ministerio de Hacienda.
El open finance, como paradigma emergente, busca fomentar la interoperabilidad, la innovación tecnológica y la inclusión financiera mediante el intercambio estandarizado y seguro de datos entre entidades financieras y terceros autorizados. En este marco, el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda propone una arquitectura regulatoria basada en el consentimiento digital, la automatización de procesos y una gobernanza multisectorial liderada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
La coexistencia de estos dos marcos regulatorios plantea tensiones normativas que podrían obstaculizar el desarrollo armónico del ecosistema financiero digital. A través del siguiente cuadro comparativo, se analizan las principales divergencias entre ambos proyectos, con el fin de evidenciar los puntos de fricción y proponer una reflexión crítica sobre la necesidad de una regulación coherente, moderna y alineada con los principios del open finance.
| Proyecto de Circular de la SIC | Proyecto de Decreto del Ministerio de Hacienda (Open Finance) | |
| Decisiones Automatizadas | Exige revisión humana cuando las decisiones afecten significativamente al titular, limitando el uso de algoritmos e IA. | Promueve el uso de algoritmos e inteligencia artificial para ampliar el acceso a servicios financieros. |
| Mecanismos de Consentimiento | Requiere autorizaciones previas, explícitas y escritas, especialmente para datos sensibles o procesamiento automatizado. | Establece un consentimiento digital gestionado mediante APIs y dashboards interactivos, con registros electrónicos auditables. |
| Principio de Minimización de Datos | Refuerza una interpretación restrictiva del principio de minimización, limitando el acceso a datos no estrictamente necesarios. | Permite al titular compartir voluntariamente su historial financiero completo para servicios personalizados y benchmarking. |
| Gobernanza e Interoperabilidad | Se basa en el modelo tradicional de responsable/encargado del tratamiento sin considerar la estructura multisectorial. | Establece un esquema de gobernanza liderado por la SFC con mesas técnicas, estándares de integración y reglas de reciprocidad. |
| Rol del Consumidor | Asume un enfoque paternalista, considerando al consumidor como pasivo y vulnerable. | Considera al consumidor como actor activo, dueño de sus datos, con capacidad de decidir con quién compartir su información. |
| Objetivo General | Busca proteger los derechos de los titulares de datos personales en el ecosistema fintech. | Busca aumentar la competencia, eficiencia e inclusión financiera mediante el intercambio estandarizado de datos. |
| Participación Obligatoria | No establece una obligación generalizada para los actores del ecosistema. | Obliga a entidades vigiladas por la SFC a participar como proveedores de datos en el sistema de finanzas abiertas. |
| Esquema de Gobernanza | No contempla una instancia de coordinación multisectorial. | Crea una instancia de coordinación público-privada con autoridad decisoria (SFC), secretaría técnica y grupos de trabajo. |
Luces y sombras de la decisión 9 de la Comisión de Libre Comercio sobre Inversión
Derecho Económico -Tomo VI (2010)
